El Supremo mexicano declaró inválida la reforma del Congreso que transfería al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN), un cuerpo policial que fue creado originalmente como una corporación de carácter civil. La Suprema Corte de Justicia echó atrás la reforma este martes con el voto de ocho de los 11 ministros, el mínimo requerido para que el máximo tribunal mexicano declare la inconstitucionalidad de una norma. Los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se opusieron al proyecto y expresaron posturas a favor de que la Guardia Nacional permanezca bajo el mando castrense de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como estableció la reforma aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso en 2022. Con la resolución judicial de este martes, la GN deberá volver a quedar bajo el control absoluto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la institución civil que, conforme el artículo 21 de la Constitución, debe hacerse cargo de las tareas de seguridad pública.
La invalidación de la reforma representa un duro golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sostenido que el éxito de la nueva corporación policiaca depende inevitablemente de que la Sedena la moldee con la coordinación, disciplina y honestidad propias de las Fuerzas Armadas. López Obrador ya había advertido a la Corte de que, si aprobaba el proyecto de González Alcántara, cometería “un grave error”, pues significaría condenar a la GN a la corrupción e ineficacia que ha asediado a las policías de México, caso ejemplar el de Genaro García Luna, máximo jefe de la Policía Federal y que en febrero fue condenado por un jurado de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.
A partir de ese diagnóstico, el Ejecutivo impulsó en el Congreso una reforma en la que se estableció que la Defensa ejercería “el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional”, si bien la corporación quedaría “adscrita” a la SSPC, que tiene la encomienda de elaborar la estrategia y políticas en materia de seguridad pública. El Congreso no modificó la Constitución, sino solo un par de leyes secundarias, cambios que hoy invalidó el Supremo a propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara.
El ministro Javier Laynez señaló que esa “readscripción” es un “fraude a la Constitución”, pues lo que se transfirió al control de la Sedena fue el núcleo de la Guardia Nacional, mientras que a la SSPC se le dejó una jerarquía únicamente formal. La ministra Margarita Ríos Farjat dijo que es inconcebible que una institución ejerza la dirección de un cuerpo sin tener su control administrativo y operativo.