La resolución de la SFP estatal fue en el Procedimiento Administrativo P.A.D. 002/2019, en la cual no encontró responsabilidad de Duarte y sus excolaboradores Mireya García Medina y José Lázaro Joaquín López Ramírez, este último fallecido por COVID-19 en agosto de 2020.
El viernes, el exgobernador de Chihuahua César Duarte leyó una buena noticia en los periódicos: la Secretaría de la Función Pública del Estado, encargada de vigilar la conducta de los servidores públicos, lo había absuelto en un expediente abierto en su contra por el desvío de 6 millones de pesos. Un medio local tituló así la noticia: “Inicia el perdón de Maru Campos a César Duarte”.
El exgobernador César Duarte Jáquez, vinculado a proceso por asociación delictuosa y desvío de recursos públicos, fue absuelto por la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua en un expediente abierto en su contra por presunto peculado de 6 millones de pesos.
En su justificación, la Secretaria de la Función Pública del estado de Chihuahua, María de los Ángeles Álvarez Hurtado, detalló que los procedimientos administrativos que quedaron sin efecto el pasado 14 de noviembre no fueron del conocimiento del estado porque se encontraban prescritos y la dependencia a su cargo no logró entrar al fondo del caso al haberse terminado su tiempo para la investigación.
La funcionaria agregó en declaraciones a medios locales que el expediente sancionatorio no se pudo resolver debido a que las conductas atribuidas al exmandatario y dos de sus excolaboradores prescribieron por la impericia con que se hizo la investigación en la administración del exgobernador Javier Corral.
Detalló que los procesos administrativos que inició la administración de Javier Corral Jurado iniciaron en 2019, pero tras el lapso de tres años los mismos quedaron prescritos, es decir que prácticamente quedan sin efecto alguna investigación, porque por años no lograron avanzar y se mantuvieron en “resguardo”.
Por lo tanto, insistió en que la actual administración estatal, encabezada por la Gobernadora María Eugenia Campos Galván y ella como titular de la Función Pública en el Estado, no cuentan con responsabilidad sobre la prescripción que tuvieron esos expedientes, ya que aseguró que durante la administración de Javier Corral estos quedaron estancados, por motivos desconocidos hasta que finalmente “caducaron”.
La funcionaria informó que se dio vista al Órgano Interno de Control sobre este actuar irregular para que realice las investigaciones correspondientes y finque las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que tuvieron a su cargo la tramitación de los expedientes.
La resolución de la SFP estatal fue en el Procedimiento Administrativo P.A.D. 002/2019, en la cual no encontró responsabilidad de Duarte y sus excolaboradores Mireya García Medina y José Lázaro Joaquín López Ramírez, este último fallecido por COVID-19 en agosto de 2020.
El sábado el diario español El País publica una entrevista con el abogado Iker Ibarreche, quien se ha sumado a la defensa legal de Francisco González Arredondo, el Fiscal que encabezó las investigaciones por corrupción contra el exgobernador priista y que recientemente fue apresado por la Fiscalía de Campos.
El abogado explicó que el expediente que la actual Fiscalía de Chihuahua fincó en contra de Francisco González tiene diversas irregularidades y detrás de esto abría un intento desde el gobierno estatal para abrir camino a la liberación de César Duarte.
Como la acusación en contra de César Duarte, que encabezó el exfiscal González Arredondo, se basa en el testimonio de varios cómplices del exgobernador que habían testificado en contra a cambio de beneficios en sus propios juicios por delitos de corrupción. Ahora, esos mismos testigos acusan al exfiscal de “tortura psicológica” para obligarlos a culpar a su jefe, el exgobernador.
“Los denunciantes señalan –como ejemplos de la tortura– que los investigadores no les permitían ir al baño, que no les daban agua, que les gritaban, que los amenazaban con meterlos a la cárcel si no cooperaban o que las entrevistas duraban hasta ocho horas seguidas. Algunos denunciantes han incurrido en contradicciones de fechas en sus testimonios”, afirmó Ibarreche en entrevista con el periodista Zedryk Raziel para el El País.
La acusación de la Fiscalía se basa en el testimonio de varios cómplices de Duarte que habían testificado en contra del exgobernador a cambio de beneficios en sus propios juicios por delitos de corrupción. Ahora, esos mismos testigos acusan a González Arredondo de “tortura psicológica” para obligarlos a culpar a su jefe, el exgobernador. Los denunciantes señalan –como ejemplos de la tortura– que los investigadores no les permitían ir al baño, que no les daban agua, que les gritaban, que los amenazaban con meterlos a la cárcel si no cooperaban o que las entrevistas duraban hasta ocho horas seguidas. Algunos denunciantes han incurrido en contradicciones de fechas en sus testimonios, afirma Ibarreche.
“Genera suspicacia que el fiscal que llevó a cabo investigaciones que generaron la condena de diversos exservidores públicos del Estado de Chihuahua, y además se haya vinculado a proceso a la actual gobernadora, hoy en día sea acusado de tortura psicológica por parte de las personas que fungieron como testigos para lograr esas condenas. Eso puede abrir la puerta a nulificar los procesos y que se exonere a los exservidores públicos condenados”, dice Ibarreche. “En el caso de César Duarte, si las declaraciones fueron utilizadas para lograr su procesamiento y hoy pretenden establecer que las mismas fueron obtenidas bajo tortura psicológica, implicaría que esas pruebas están viciadas, y por lo tanto se quedarían sin sustento los procesos contra el gobernador. Se le exoneraría. Sería absuelto y se anularían las causas contra él”.
González Arredondo fue designado por el exgobernador Javier Corral encargado de las investigaciones relacionadas con los actos de corrupción de Duarte. Como resultado de su trabajo, 49 personas, entre las que se cuenta a exfuncionarios y empresarios, fueron llevadas a juicio, y se recuperaron 55,8 millones de pesos que habían sido desviados de los recursos del Estado. Los expedientes condujeron a la captura del exmandatario priista en Estados Unidos en 2020 y su extradición a México para ser enjuiciado por desvío de recursos públicos y asociación delictuosa. Parte de las investigaciones sobre Cesar Duarte también revelaron que la hoy gobernadora Campos habría cobrado sobornos de Duarte cuando ella era diputada local. Tras la captura del exfiscal González Arredondo, decenas de defensores de derechos humanos, académicos y ciudadanos han firmado peticiones en las que exigen su liberación y acusan una criminalización del combate a la corrupción.
“El mensaje que se estaría enviando es que cualquier fiscal que tenga la valentía de hacer investigaciones y persecuciones por hechos de corrupción el día de mañana va a terminar siendo perseguido por su trabajo”, afirma Ibarreche. “El precedente que se está dejando con el caso de González Arredondo es terrible para nuestro país. ¿Qué es lo que puede generar esto? Pues una inhibición en la investigación y persecución de los hechos de corrupción”.
SEÑALAMIENTOS CONTRA MARU PARA LIBERAR A DUARTE
El pasado 23 de noviembre, el exgobernador Javier Corral Jurado acusó a la actual mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos, de ordenar el arresto de un exfuncionario que tenía a su cargo una investigación de corrupción que la involucraba. Se trata de una vendetta entre panistas, pero también uno de los casos de sobornos más ruidosos de los últimos años.
“Fue detenido por la Fiscalía de Chihuahua el excoordinador de la Operación Justicia para Chihuahua, Francisco González Arredondo, acusado del delito de tortura psicológica, cometido supuestamente en contra de varios de los cómplices de César Duarte”, dijo Corral Jurado en un mensaje en sus redes sociales.
Corral asegura que Campos –ambos del Partido Acción Nacional, PAN– fue beneficiaria de sobornos cuando fue legisladora y en tiempos en los que César Duarte Jáquez, hoy detenido en Chihuahua, era el Gobernador. Este año, un Juez vinculó a proceso a Duarte y le dictó prisión preventiva de seis meses por los delitos de peculado agravado y asociación delictuosa. Duarte se fugó de México y fue capturado en Estados Unidos. Uno de los que lo inculparon fue su propio exsecretario de Hacienda y socio, Jaime Ramón Herrera Corral.
Campos afirma que el exgobernador intentó inculparla de corrupción para imponer como candidato del PAN al Gobierno chihuahuense a Gustavo Madero, cercano a él. Corral dice que Campos utiliza su posición para defender a Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Es una burda maniobra para tratar de desacreditar y desarmar las investigaciones que lograron documentar la corrupción del exgobernador y allanarle el camino de la impunidad. Y es también una venganza política impulsada por la propia Gobernadora”, acusó Javier Corral.
El exmandatario estatal destacó que desde que María Eugenia Campos llegó al Gobierno varios de los cómplices de César Duarte han logrado salir de prisión, mientras que otros testigos con identidad reservada que tienen calidad de imputados se han venido desdiciendo de las declaraciones que brindaron ante diversos jueces y en distintos procesos. En ese sentido, Javier Corral aseguró que con el fin de justificar su retractación, ahora se dicen “torturados”.
“Es una perversidad política y una brutal ruptura del Estado de Derecho que con base en ello se le detenga. Qué caro le está saliendo a Chihuahua el empeño de María Eugenia Campos por tratar de lavarse la cara”, agregó.
Asimismo, el exgobernador de Chihuahua defendió a González Arredondo, a quien describió como un profesional del derecho con pleno reconocimiento entre organizaciones sociales, quienes lo propusieron para fungir como primer Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos. “Nos consta su honorabilidad y rectitud”, expresó.
Por ello, lamentó enérgicamente este hecho, el cual lo calificó como una injusticia y convocó a “todos los están comprometidos en la lucha frontal y sin excepciones contra la corrupción, a denunciar este acto de vileza política y no permitir que mediante este tipo de maniobras, queden impunes”.
“Pido a todos informarse de este caso y denunciar la maniobra”, concluyó.