Salvador Alcántar, director Estatal de Fomento Agropecuario negó la extracción de documentos de la Secretaría de Desarrollo Social y afirmó que “hay algo de fondo” en la denuncia en su contra, pues los documentos extraviados no son de su departamento.
Declaró que la evidencia que presentaron por el robo de las 38 cajas con expedientes aparece únicamente en 28 segundos, tiempo que dijo es insuficiente para haber sustraído los expedientes.
“Ya tengo los videos, pero da la casualidad que en el estacionamiento que me tienen asignado llego y me estaciono, son 28 segundos de lo que salgo de mi oficina y me subo a la camioneta, ni Flash Gordon tendría en sus malos tiempos tendría la facilidad de manejar 38 cajas de expedientes en 28 segundos”.
Alcantar Ortega, dijo que sí se presentó una denuncia en su contra, el cual se dio cuenta el día de ayer sobre la denuncia que presentó Juan Carlos Flores Márquez, jefe del departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural.
Asimismo, dijo que existe la posibilidad de que detrás de está denuncia se encuentra “algo sospechoso” debido a que dichas cajas contenían expedientes del área al que pertenece el demandante y no del área al que Alcantar Ortega pertenece.
Agregó que en caso de que las investigaciones revelen que no tuvo participación en la sustracción de estos expedientes, procederá en contra de Flores Márquez o quienes resulten responsables.
“El que demanda tiene que comprobar, me queda muy claro que para extraer documentos o archivos los puede autorizar Servicios Administrativos, alguien tuvo que solicitar la salida de esos documentos, que investiguen y si ya están demandando tienen la obligación de probar lo que están diciendo, hay algo con dolo detrás de esto”, dijo.
La denuncia
El pasado 07 de abril la Secretaría de Desarrollo Rural interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de Salvador Alcántar Ortega, Luis Alan García Carrasco y José Ángel Medina Portillo por sustraer expedientes sin autorización relativos al Programa Concurrencia con las Entidades Federativas 2018-2019.
La denuncia se interpuso por parte de Juan Carlos Flores Márquez, Jefe del Departamento de Ganadería mientras que Salvador Alcántar es señalado como Jefe del Departamento de Agricultura, Luis Alán García como Jefe del Uso Sustentable, mientras que José Ángel Medina es el encargado del Almacén que reside en la sede de Desarrollo Rural, en la avenida División del Norte de la ciudad de Chihuahua.
Los hechos que se detallan en la denuncia con número único de caso 19-2022-0007111 indica que el 23 de marzo del año en curso, dos empleadas de la Secretaría notificaron al denunciante sobre el faltante de 38 cajas que contenían expedientes del mencionado programa federal, por lo que dio instrucciones para revisar el faltante, mismo que no tenía registro de salida en el almacén.
Posteriormente, mediante la revisión de cámaras de vigilancia se observó que el pasado 09 de marzo alrededor de las 10:40 horas, el encargado del almacén, José Ángel Medina ingresó al almacén en compañía de Salvador Alcántar y de José Ángel Medina quienes con apoyo de un diablo de carga, comenzaron a sacar las cajas de expedientes y las colocaron un vehículo oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural.
En este sentido, el denunciante llamó a su oficina al encargado del almacén para cuestionarlo sobre la sustracción de expedientes, a lo cual José Ángel Medina indica que únicamente fueron 8 cajas las que tuvieron salida, pero al solicitarle la documentación de respaldo, intentó presentar un reporte del 06 de diciembre del 2021.
Asimismo, el encargado del almacén no pudo comprobar que tuvo autorización para sacar material de archivo, misma que únicamente puede recibir a los jefes o encargados de departamentos; una búsqueda en el resto de los almacenes de la Secretaría de Desarrollo Rural confirmó que los archivos no se encuentran en posesión de la dependencia.
Los expedientes sustraídos cuentan con información personal de los beneficiarios del programa de concurrencia federal, recibidos y facturas de pago, documentos oficiales que a consideración del denunciante, podrían utilizarse para cumplir con los requisitos del programa a futuro, sin necesidad de que tuvieran que acudir los beneficiarios directamente con los productores.