Empresa privada de seguridad en INM de Juárez es de cónsul nicaragüense

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La empresa privada Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) estaba encargada de la vigilancia del centro de retención de Ciudad Juárez, en el momento en que ocurrió el incendio donde fallecieron 39 migrantes el lunes pasado, de acuerdo con una investigación realizada por el portal de noticias LatinUS

Esta compañía es propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, a quien el Gobierno federal ha entregado contratos por más de tres mil millones de pesos, asegura la plataforma informativa.

En febrero, el periodista Carlos Loret de Mola publicó un reportaje en el que documentó cómo el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) incrementaron la entrega de contratos a SEICSA a partir de que Valdés Cabrera fue nombrado en el 2019 cónsul honorario por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer para explicar la situación sobre el caso, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, evitó mencionar el nombre de la empresa, al referir que “debía guardar secrecía como parte de las investigaciones que se realizan para dar con los responsables”.

No obstante, dijo que el Gobierno está recabando la información para saber si la empresa tiene los permisos requeridos para operar y el tipo de contrato que suscribió con el Instituto Nacional de Migración (INM).

En un video que se difundió en redes sociales, en el que se ve cómo arde el centro de retención con los migrantes atrapados, se observa en el frente de la escena a un guardia de seguridad privada y a dos agentes del INM y ninguno actúa para liberar a las personas encerradas.

Latinus menciona que sobre SEICSA pesan además varias denuncias por violaciones a los derechos humanos, principalmente en incidentes en contra de migrantes.

Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación observó, en la Cuenta Pública correspondiente al 2019, que la empresa había incumplido con los términos del contrato CS/INM/001/2019 suscrito con el INM.