Asesinato de Jesuitas en “la sierra” deja al desnudo inseguridad en Chihuahua ante el mundo

La muerte violenta de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas ocurrida dentro de un templo católico ha desnudado al Estado Mexicano ante el mundo entero.

A los ojos de la comunidad internacional, en Chihuahua, las organizaciones criminales pueden matar a quien quieran y donde mejor les parezca.

Y no es que tampoco que en otras latitudes del mundo no sucedan hechos aberrantes. Ahí están las masacres en planteles escolares que han enlutado a la sociedad estadounidense, para darse cuenta de que la violencia no es privativa del norte de México.

Ante los ojos del mundo y, peor aún, ante la sociedad mexicana, quedó claro que no hay poder oficial, de Estado, que pueda detener a las organizaciones criminales.

A pocos días de que la gobernadora Maru Campos anunciara el inicio de un megaoperativo de seguridad—si es que así se le puede llamar—en Ciudad Juárez, con despliegue de helicópteros y efectivos policiacos, una partida de criminales secuestró sin impedimento alguno a un grupo de viajeros que visitaban la Sierra Tarahumara y a su guía turístico.

Con la misma facilidad, al guía de turistas lo llevaron—así dice la versión oficial—al ancestral templo de Cerocahui, tan atractivo para los viajeros de aventura, y ahí lo mataron, junto con los dos sacerdotes jesuitas que ahí oficiaban su ministerio.

Todavía se dieron el tiempo y la ocasión para cargar los cuerpos de los jesuitas y llevarlos consigo. ¿Cuál problema, si  en kilómetros a la redonda no hay quién les ponga un solo tope?

“¿Por qué lo hicieron?” se preguntan muchos ciudadanos alrededor del país y del mundo. ¿Por qué los criminales habrían de matar a un guía y a dos curas y desplegar tanta violencia y dolor? La respuesta es simple: porque pueden.

O ¿acaso esos “megaoperativos” como el que anunció la gobernadora sirven para algo? En lo absoluto. Ahí está la triste historia del sexenio del presidente Felipe Calderón para constatar que el envío de columnas de soldados y policías solo sirve para que los delincuentes se armen, ensamblen sus propios grupos armados y los enfrenten en el terreno que ellos conocen. Ellos, los criminales, no el Estado.

La estrategia, por desgracia, sigue siendo la misma: esos inútiles operativos con grandes movilizaciones de vehículos, efectivos y equipo táctico que los delincuentes ya conocen a la perfección y pueden prever todos sus movimientos.

A estas horas, si nos atenemos a la versión oficial, otro “megaoperativo” está desplegado en la sierra, esta vez, compuesto por efectivos del Ejército, de la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Andan buscando a delincuentes que viven, operan y conocen a la perfección el terreno.

Es deseable que los capturen, les integren una carpeta de investigación, los sienten ante un juez que no sea corrupto y que este dicte una sentencia justa. Por desgracia, y esto lo sabe la sociedad mexicana y la comunidad internacional, esto es poco probable que suceda.

Ayer, a la misma hora cuando se «desplegaba» un operativo de seguridad conjunto en el sur del estado, la Policía Municipal de Coronado renunció. Si, renunció la policía. Se fueron sus agentes y el director. Ni siquiera expusieron razones para dejar colgada de la brocha a la comunidad de Coronado.

Este es el mejor ejemplo de que los mentados operativos no funcionan.

A nivel Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso disimular la gravedad del atentado explicando que los jesuitas sacrificados estaban en una zona de “bastante presencia de la delincuencia organizada”, casi casi diciendo que estaban en el lugar equivocado; mientras que la gobernadora Maru Campos lamentó y condenó los hechos, pero también anunció, “que perseguirán a los criminales con toda la fuerza del estado”.

Las expresiones de los dos gobernantes obligan a dos preguntas: primero, si el preciso ya sabía que en aquella región hay abundancia de narcos y asesinos, ¿por qué la ausencia total de las fuerzas federales y estatales?.

Segundo, ¿con cuál fuerza del estado piensa la gobernadora combatir a los narcos asesinos en los territorios inhóspitos de la Sierra Tarahumara, si no ha podido hacerlo en las ciudades? ¿Acaso se refirió a los novatos agentes del equipo SWAT de la Policía Estatal, que ayer mandaron a la montaña a estrenarse y estresarse?

Son dos simples cuestiones que deben responder al reclamo ciudadano de que las comunidades de la Sierra Tarahumara enfrentan violencia, desplazamiento y olvido. Nada más.