El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo oficial el anuncio de un secreto a voces: el cierre de una unidad élite contra el narcotráfico que operaba en su país en cooperación con funcionarios de la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés).
Y es que hace unos días se adelantó que México disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos (DEA) para hacer frente al crimen organizado.
El grupo era una de las Unidades Sensibles de Investigación (SIU) que operan en una quincena de países y que las autoridades estadounidenses consideran inestimables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo. Las unidades son entrenadas por la DEA, pero están bajo el control de los gobiernos nacionales.
En su conferencia matutina de este jueves, el mandatario desveló la razón detrás de la decisión: “Antes [los agentes de la DEA] entraban y salían por el país; ellos mandaban, hacían lo que querían, y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia”, explicó.
López Obrador precisó que la medida se tomó “hace un año”, tras el cambio de políticas de seguridad de su Gobierno, y detalló que la visión actual en esa materia privilegia la cooperación con organismos internacionales, pero con pleno “respeto a la soberanía”.
Tras los duros señalamientos contra la unidad élite, el presidente mexicano destacó que uno de los antiguos jefes “está siendo juzgado en EE.UU.” y que muchos de los integrantes de ese grupo hasta “fabricaban delitos”.
El comentario del mandatario surge en medio de las críticas desatadas por la oposición política, que considera errada la eliminación de esa agrupación. “Ya es una campaña, ayer hasta [Enrique] Krauze, que se mete en todo, se quejaba [diciendo] que cómo íbamos a cancelar a un grupo que se dedicaba a luchar contra la delincuencia, como si nosotros no estuviésemos haciendo nada o fuéramos cómplices, paleros, chalanes”, dijo. “No investigan nada, solo atacan”, agregó.
“Ya no es el tiempo”
A principios de este semana, agencias internacionales revelaron que se había hecho efectivo el cierre de una de las dos unidades antinarcóticos que operaban en México.
Se trataría de la Unidad de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés), que desde 1997 fue instalada por la DEA al interior de la Policía Federal de México, una instancia que fue desaparecida en 2019 para dar paso a la Guardia Nacional.
Con el cierre de la Policía Federal, este grupo de la SIU redujo su actividad y únicamente colaboró con la DEA en operaciones antinarcóticos ejecutadas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), enfocados principalmente en detener el contrabando de fentanilo, una de las prioridades del Gobierno estadounidense en el combate al tráfico de drogas.
El otro grupo élite, instalado al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), continúa en activo. Este jueves, López Obrador aclaró que en su país siguen presentes los agentes de la DEA “que por ley se permiten”, de acuerdo con el marco normativo actual. “Es buena la relación [con EE.UU.], pero con respeto. Ya no es el tiempo de los operativos esos como el Rápido y Furioso, ya no”, insistió.
El comentario no es gratuito, ya que la legislación vigente surgió después de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que ocurrió en octubre de 2020 en un aeropuerto de Los Ángeles. La aprehensión se hizo sin consultar a México y era para imputar al exfuncionario por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
“Tomaron esa decisión sin informarnos. Además, fabricaron los delitos. Si hay duda, yo creo que todavía está el expediente porque ordené que lo subieran completo”, aseveró hoy López Obrador sobre el caso, ya que México presionó para que le retiraran los cargos a Cienfuegos y fuese extraditado.
Ya en México, la FGR exoneró al exsecretario por “falta de evidencia” y el Congreso mexicano aprobó una iniciativa, enviada por López Obrador, para acotar la actuación de las agencias extranjeras en el territorio nacional. A partir de ese momento, se obligó a los agentes de seguridad foráneos a que informen a las autoridades mexicanas sobre sus acciones y los hallazgos de sus investigaciones.
