Después de que el gobierno de Nuevo León le entregara los millonarios contratos a Comercializadora Don Cacahuato, que es parte de Grupo Cimarrón, este consorcio utilizó una filial llamada Distribuidora Damago para pagarle 4.6 millones de pesos por diversos servicios a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho del mandatario.
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