La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó este miércoles la controversia del estado de Chihuahua en contra de la distribución de Libros de Texto Gratuitos (LTG) enviados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2023-2024.
Por unanimidad, las y los ministros declararon fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia el pasado 18 de agosto, la cual impugnó la decisión del Ministro Luis María Aguilar Morales por haber admitido a trámite la controversia y otorgar la medida cautelar.
El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propuso a la Sala declarar fundado el recurso de reclamación, y los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y la Ministra Margarita Ríos-Farjat estuvieron de acuerdo.
En el proyecto, en el cual se analizó el recurso de queja constitucional interpuesta por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo en contra de la controversia constitucional presentada por el Gobierno de Chihuahua, de la panista Maru Campos, se indicó que era innecesario “analizar la oportunidad y la legitimación en el recurso, así como los agravios propuestos”.
“En virtud de que el Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua carece de interés legitimo para promover la controversia constitucional planteada. […] Se revoca el acuerdo recurrido y, se desecha la controversia constitucional”, resolvió la Primera Sala.
El pasado 18 de agosto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) había impugnado la resolución del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, que pretendía dejar sin Libros de Texto, por tiempo indefinido, a las y los estudiantes de nivel básico en toda la entidad.
La resolución estaría violando sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución.
De acuerdo con la máxima Ley, el Artículo 3° señala que “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”.
Respecto al derecho a la educación básica de la infancia, el artículo 18 de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua dispone también que “es responsabilidad de la autoridad estatal realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los Libros de Texto Gratuitos y materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación Pública le proporcione”.
Luego de que la Gobernadora María Eugenia Campos promoviera una controversia constitucional en contra de la distribución de Libros de Texto Gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, el Ministro Aguilar Morales tuvo que negar la medida cautelar porque el propio Gobierno estatal confesó que los Libros de Texto ya están en posesión de las autoridades educativas de la entidad y, por tanto, debe distribuirlos.
El pasado 28 de septiembre, la Presidencia de la República había exhortado a la SCJN a desechar la controversia del estado de Chihuahua en contra de la distribución de LTG.
La Consejería Jurídica del Gobierno federal argumentó que, de resolverse conforme a derecho, se demostraría que la Consejería Jurídica de Chihuahua mintió al afirmar que recibió los Libros de Texto el pasado 20 de julio para su distribución, pues la primera entrega se realizó el 21 de mayo, lo cual hace “extemporánea su demanda”.
Sostuvo que el Ejecutivo federal demostró, por medio de la SEP, que se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 3° Constitucional y la Ley General de Educación, tras haber celebrado asambleas, foros y reuniones con todas las entidades federativas y otros actores sociales involucrados con la educación para que expresaran su opinión.
“También en esto miente el Gobierno de Chihuahua. Hay pruebas irrefutables de su participación en la asamblea convocada por la SEP, en Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 24 y 25 de marzo de 2022”, indicó.
La Presidencia enfatizó en aquella ocasión que el máximo tribunal debía ponderar que el interés superior de la niñez y el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes del estado de Chihuahua están por encima de otros intereses.
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