Durante la rueda de prensa a la que convocó esta mañana la Secretaria del Bienestar y que encabezó el Delegado de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, Juan Carlos Loera.
El delegado federal, indicó que la relación con el gobierno de Maru Campos es cordial y de colaboración… sin embargo en lo que haya que señalar se habrá de exponer al respecto como es el caso de las órdenes de aprehensión contra ejidatarios de Constitución y Benito Juárez, lo cual sostuvo es incongruente.
Pidió que Maru Campos “cargue las pilas” y que el gobierno del Estado cuenta con el gobierno federal, sin embargo en este caso particular de las personas que están en peligro de ser detenidas, digo peligro porque se tiene que medir con la misma vara un mismo problema.
Es contradictorio que al arribo del nuevo gobierno al Estado de Chihuahua, “incluso antes de que tomara protesta la gobernadora”, fue gestionar que se cerrara la puerta del “conflicto del agua en la región centro-sur” pero abrió otra para meter a la cárcel a otros ejidatarios, es un mundo al revés, es una injusticia lo que están haciendo, es la indecencia apoderándose de la política y del gobierno, y del abuso.
Indicó que la gobernadora solicitó dialogar con el secretario de gobernación federal por el tema de la presa La Boquilla, por lo que la postura del Estado ahora con los ejidatarios es retrograda, “vamos hacia atrás al generar órdenes de aprehensión contra un grupo… mucho más genuino, un problema de muchos años atrás de un acaparamiento de una familia muy poderosa, con influencia y sus derechos son protegidos, pesar de que han hecho uso indebido del agua.
“Es contradictorio, un muy mal mensaje”, “pareciera como revancha política del gobierno del Estado para forzar este asunto”, agregó.
Cabe recordar que hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado, cuenta con 40 órdenes de aprehensión en contra del mismo número de personas, de los ejidos de Constitución y Benito Juárez en la zona noroeste del estado, lo cual fue confirmado por el mismo Fiscal General, Roberto Fierro Duarte.
“La Fiscalía de Chihuahua consigue órdenes de aprehensión contra defensores del medio ambiente, líderes del Barzón, y de 40 ejidatarios de Constitución y Benito Juárez, esos ejidatarios defienden el agua de su comunidad que es robada por Julián LeBarón y su familia… ahora quieren a los ejidatarios en la cárcel, para negociar la libertad para que la mina regrese al Ejido Benito Juárez y los LeBarón, a seguir regando sus nogales dejando a cientos de familias sin agua, la dignidad no se negocia, no a la manipulación de la ley para saldar compromisos de campaña” señaló hace unos días la activista Luz Estela Castro.
El representante de El Barzón, Gabino Gómez Escárcega, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado mantiene dentro de diversas denuncias a 40 integrantes de la asociación, de los cuales 19 ya cuentan con órdenes de aprehensión libradas por el Poder Judicial del Estado para su pronta detención.
A raíz de estos hechos se han tramitado diversos amparos para evitar que las autoridades estatales capturen a los integrantes de El Barzón, como fue el caso de Joaquín Solorio, quien a raíz de un “amparo buscador” se percató de las órdenes de captura que se había solicitado la Fiscalía General del Estado en su contra.
“Hay una denuncia penal de parte de los LeBarón por el conflicto del agua en el rancho La Mojina, que colinda con el ejido Constitución, esa zona ha tenido la perforación de pozos ilegales por parte de Joel LeBarón, ellos comienzan a desmontar sin autorización para cambiar el uso de suelo de ganadero a agrícola, se denunció ante las instancias correspondiente, pero no hicieron nada”, refirió.
Aseguró que esto sucedió en 2017, cuando Joel Francisco LeBarón Soto y su familia, en el predio ganadero El Paraíso y/o La Mojina, realizaron desmontes de tierras en cerca de 300 hectáreas sin contar con el cambio de uso de suelo, así como la perforación de nueve pozos, sin contar con permiso ni concesión de la Conagua para realizar la actividad agrícola y empezó a utilizar motores de combustión interna para irrigar una superficie de 300 hectáreas de cultivo de nogal.
Comentó que el motivo de la denuncia fue que en una ocasión los ejidatarios se reunieron y pidieron una revisión de La Mojina y cuando entraron fueron recibidos a balazos, “localizaron 11 pozos ilegales, hubo denuncia por entrar al rancho, hay 40 personas señaladas en la denuncia, pero 19 ya tienen orden de investigación vigente”.
El activista Gabino Gómez dijo que todas las irregularidades se dieron a conocer a través de la Profepa y la Semarnat, pero que no pasó nada, por lo cual la comunidad mormona comenzó a perforar al comprar un permiso de forma “ilegal”, porque lo compraron a un vecino del rancho La Agricultura, el cual fue revisado y se percataron que la compra se dio después del fallecimiento del dueño.
Comentó que al morir el dueño del permiso no podría haberse vendido y cuando se traspasa un permiso como tal se cancela el pozo original y a pesar de esto el lugar sigue operando con normalidad.
“Sí existen las órdenes de aprehensión, nos dimos cuenta por un informe que se rindió por las autoridades federales, se están tramitando los amparos correspondientes para evitar que sean detenidos y para conocer más investigaciones en contra de los posibles responsables”, señaló.
Como antecedente de los hechos, dijo que El Barzón desde 2012 campesinos de la región noroeste de Chihuahua iniciaron un movimiento para denunciar la existencia de cientos de pozos ilegales sobre la cuenca hidrológica del río Del Carmen, misma que se encuentra en veda desde 1954 por decreto presidencial y que esta sobreexplotación afectaba directamente a las personas productoras.
Gabino recordó que los ejidatarios al tener una concesión legal sobre el agua para el riego de sus cosechas no podían disponer del volumen al que tenían derecho, por los diferentes pozos ilegales que existen en esa zona del estado, lo cual ha sido expuesto ante todas las instancias del Estado, sin que exista algún resultado por más de 10 años, tiempo en el que los productores han sufrido afectaciones directas no sólo en sus cosechas, sino incluso en la disposición de agua para uso doméstico.
