El Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado (FGE) imputó ayer al ex gobernador priísta César Duarte Jáquez (2010-2016) los delitos de peculado y asociación delictuosa, por la distracción de 96.6 millones de pesos de recursos públicos, que transfirió a dos empresas ganaderas de las cuales era socio mayoritario, entre 2011 y 2014.
En esta audiencia inicial, la Fiscalía local expuso ante el juzgador que Duarte, durante su sexenio al frente del gobierno estatal, estableció acuerdos con otros funcionarios y otros particulares para simular operaciones, y con ello desviar recursos públicos.
Después de escuchar los señalamientos en su contra, el político tomó la palabra para decir al juez de control que no quedaba clara cuál fue su participación en las acusaciones del ministerio público.
La defensa solicitó conocer la identidad de los testigos protegidos, además de algunos detalles de los cargos contenidos en la carpeta de investigación, no obstante, se le aclaró que esos datos corresponden al siguiente paso procesal, es decir en la audiencia de vinculación, o no, a proceso.
El político fue trasladado ayer viernes por la mañana a la Ciudad Judicial en la capital del estado para comparecer ante el juez de control, Humberto Chávez. En ella, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Duarte ante el riesgo de evasión, la defensa pidió la prisión domiciliaria debido al mal estado de salud del exgobernador.
Sin embargo, la fiscalía expuso que los padecimientos del exmandatario, que consisten en hipertensión y una hernia inguinal, no representan un riesgo grave que le impida estar en prisión.
Las autoridades del estado informaron que buscarán más órdenes de aprehensión en contra de Duarte Jáquez, a quien se le han abierto otras carpetas de investigación, sin embargo, para ello es necesario notificar al gobierno de Estados Unidos, debido a que el tratado de extradición así lo requiere.
En caso de que el Departamento de Estado del gobierno norteamericano otorgue su visto bueno, las autoridades de Chihuahua podrán presentar nuevas acusaciones penales.
César Duarte comparece en Chihuahua en segunda audiencia
Este sábado en punto de las 9:09 reinició la audiencia de formulación de cargos contra el exgobernador César Duarte a quien se le acusa de por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
El exmandatario fue trasladado desde el Cereso 1 de Aquiles Serdán, donde pasó su segunda noche luego de ser extraditado el pasado jueves, a la sala de audiencia en el Tribunal Superior de Justicia.
Al cierre de esta edición, la fiscalía continuaba con la presentación de los anexos de la denuncia, en una audiencia que se extendió más de 12 horas, durante la cual los abogados pidieron dos recesos por supuestas complicaciones médicas que aquejan al acusado.
Según el MP, existen datos y testimonios que demuestran la intervención del ex mandatario en 11 transferencias de dinero desde la Secretaría de Desarrollo Rural a la Unión Ganadera Regional División del Norte y a la sociedad anónima Financiera División del Norte, que se justificaron como supuestos apoyos a ganaderos destinados a la compra de forraje, gastos de traslado de vaquillas, equipo para inseminación artificial, compra de maíz y frijol, la adquisición de una oficina y un programa de repoblamiento de bovinos.
La defensa de Duarte pidió a la agente del Ministerio Público, que evitara emitir nombres como el de Antonio Tarín, Carlos Hermosillo, Christian Rodallegas, entre otros, debido a que algunos de esos personajes tienen procesos abiertos y estarían vulnerando sus derechos.
Pese a ello, el juez Humberto Chávez, reconoció que para el seguimiento del caso, es fundamental que se explique a detalle la participación de los involucrados, recordando que los otros procesos jurídicos también son de dominio público.
Revelan en juicio la figura de El Hijo Adoptivo de Duarte
El Ministerio Público acusó a César Duarte de acomodar a Carlos Hermosillo como funcionario en su gobierno estatal, con el fin de impulsar los desvíos.
Hermosillo, quien después llegaría a ser legislador, incluso manejaba los asuntos financieros de las dos empresas que tenía el ahora imputado.
Mientras Duarte era diputado federal, nombró a Hermosillo director general del fideicomiso estatal para el fomento de las actividades productivas, y posteriormente lo colocó en una posición estratégica para la operación y manejo de recursos públicos como director general de administración de Hacienda estatal. Sin embargo, por problemas al interior de este organismo, fue trasladado.
Duarte formó a Hermosillo como una persona de toda su confianza, e incluso llegó a ser llamado como “el hijo adoptivo” del ahora imputado, permitiéndole el manejo de recursos públicos e involucrándolo de manera directa en la creación y administración de sus dos empresas.
Debido a su relación tan estrecha con Duarte, Hermosillo ejercía un fuerte dominio sobre el personal burocrático del estado, el cual usaba para presionar y que salieran de manera inmediata los recursos solicitados.
También manejaba la Asociación Ganadera División del Norte, creada como Sofol, para recibir y reenviar los recursos públicos que transferían del Gobierno del Estado.
FGE solicitará prisión preventiva para Duarte
La FGE adelantó que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva, pues existe riesgo de una sustracción; añadió que presentará testimonios de más de 30 personas, incluidos ocho de identidad reservada, quienes señalan a Duarte de instruir convenios y transacciones bancarias para su beneficio.
Entre los testigos que llevará la fiscalía están ex funcionarios que laboraron con el ex gobernante, como Francisco Hernández Vega, tesorero de la Secretaría de Hacienda estatal; Jesús Manuel Luna Hernández, quien fungió como su secretario particular ; además de la ex dirigente estatal priísta, Karina Velázquez Ramirez y el líder barzonista Martín Solís Bustamante.
En tanto, legisladores de Morena en el Congreso pidieron que la Fiscalía General de la República atraiga el proceso penal contra Duarte Jáquez; argumentaron que el Poder Judicial del estado carece de independencia.
“Exigiremos que se le juzgue por los delitos que realmente cometió y no por causas inventadas que pudieran favorecerlo. Hay daños graves al erario que deben ser sancionados”, recalcaron.
Son ‘duartistas’ los encargados de procesar a César Duarte; desconfían de FGE
César Duarte Jáquez enfrentará su cita con la justicia en un estado que, aunque dejó de gobernar hace más de cinco años, está liderado por autoridades ligadas a él políticamente, involucradas en esquemas de corrupción –de acuerdo con investigaciones judiciales–, o que incluso se han manifestado a su favor.
De lado del Poder Judicial, la polémica recae en Myriam Hernández, quien desde noviembre de 2021 es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y que antes de ocupar ese cargo testificó a favor del exmandatario durante su proceso de extradición en Estados Unidos.
En el caso del Ejecutivo, la posibilidad de que el exgobernador Duarte responda por las 24 órdenes de aprehensión que acumula en el fuero local depende, enteramente, de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicite al gobierno federal que se tramite “la excepción de la regla de especialidad”, esto es, la potestad de juzgar al exgobernador por todas las causas en su contra y no solamente por la que se concedió la extradición: peculado y asociación delictuosa.
La FGE, dirigida por Roberto Fierro, está en última instancia bajo las órdenes de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien en 2021 fue acusada penalmente de recibir dinero público de Duarte como pago a favores políticos, en un esquema conocido como la “nómina secreta”.
Este panorama ha llevado a que algunos personajes como el exgobernador Javier Corral, el delegado de programas federales, Juan Carlos Loera de la Rosa, o la fracción de Morena en el Congreso local pidan que sea la Fiscalía General de la República la que lleve el proceso en contra de Duarte y no las autoridades locales.
MAGISTRADA PRESIDENTA… Y DEFENSORA DE DUARTE
Myriam Victoria Hernández Acosta llegó a la Tercera Sala Civil del TSJ gracias a una reforma de 2014 impulsada por César Duarte en la que en una sola designación se ocuparon 13 magistraturas vacantes, un grupo llamado entonces “magistrados oxigenadores”.
En noviembre de 2021, siete años después y ya con Maru Campos como gobernadora, Hernández fue elegida por sus pares como magistrada presidenta, luego de la renuncia de Pablo Héctor González Villalobos, quien dejó su cargo al frente del Poder Judicial dos años antes de que terminara el periodo para el que fue designado.
Hernández fue una de las al menos dos personas del TSJ que testificaron de forma escrita ante autoridades judiciales de Estados Unidos a favor de Duarte, a quien definieron como víctima de una persecución política.
Cuestionada al respecto en la conferencia de prensa que ofreció inmediatamente luego de su designación, Hernández, no negó su participación en la defensa de Duarte.
—¿Cuál será la postura de la presidenta del TSJ ante los procesos que se llevan en contra de César Duarte considerando que como magistrada declaró ante autoridades estadounidenses que el exgobernador era un perseguido político? –, se le preguntó a la magistrada.
—“El tema del exgobernador es un tema que no está en este momento en el Tribunal y se agotarán las instancias correspondientes en tanto se lleve en debido proceso, eso es lo que nos corresponde hacer”, respondió Hernández en aquel momento.
El exgobernador Corral se manifestó en su cuenta de Twitter a favor de que la Federación sea quien procese a su antecesor.
“Es de esperarse que, dadas las actuales circunstancias que privan en CHIH, donde el Duartismo ha recuperado influencia y control en posiciones estratégicas en los poderes del Edo, la federación ejerza facultad de atracción por todos los delitos conexos con el lavado de dinero”, escribió Corral.
En declaraciones, el exmandatario dijo que el turno de la audiencia de hoy explica cómo se ha movido el Poder Judicial a favor de Duarte.
“Me imagino que una parte del Poder Judicial deben estar preocupados. Otra me supongo que muy contentos, los directamente vinculados con el exgobernador Duarte. Ya se deja sentir para qué hicieron el cambio de Pablo Héctor por Miriam Hernández Acosta; me refiero a que le quitaron el caso a la jueza Alejandra Ramos, que otorgó la orden de aprehensión motivo de la extradición, y se lo han turnado a un juez provisional, Luis Simental”, contestó Corral Jurado a preguntas formuladas por este medio.
Juan Carlos Loera de la Rosa, encargado en Chihuahua de la operación de programas federales, aseguró que existe en la ciudadanía la percepción de que puede haber riesgo de parcialidad en el proceso contra Duarte, por lo que debe llevarse el caso a instancias federales.
“Es muy difícil que se llegue a la conclusión de que César Duarte hizo todo él solo, la investigación que se realizó durante el quinquenio anterior aportó elementos para la detención de sus cómplices y muchos de ellos están en libertad, ese es un primer indicio de que puede que aquí no se tengan todas las condiciones de imparcialidad”, aseguró.
“El Poder Judicial del Estado no garantiza imparcialidad ni la aplicación estricta de la Ley porque la reforma constitucional impuesta por el PRIAN recientemente es un golpe de estado, tramado desde el Poder Ejecutivo para mermar la independencia del Poder Judicial y favorecer la restauración del duartismo. Es un hecho que varios integrantes del Tribunal Superior de Justicia fueron parte o beneficiarios del esquema duartista, al igual que importantes personajes del Ejecutivo actual”, expone.
MARU, LA NÓMINA Y LA FISCAL
En abril de 2021, antes de ser electa gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván fue vinculada a proceso por el juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez en el caso de la “nómina secreta”, en el que la FGE, entonces dirigida por César Augusto Peniche.
En la audiencia se presentaron recibos firmados por Campos –que negó la veracidad de los documento –, además de declaraciones de testigos que dijeron haber presenciado la entrega de los recursos; incluso, la FGE evidenció que el hermano de Campos había plagiado información de internet como manera de justificar contratos de servicios jurídicos; en total, la panista habría recibido más de 9 millones de pesos de recursos públicos.
Campos enfrentaba también otra acusación, ahora de la Fiscalía Anticorrupción, de haber cobrado sobornos a empresarios cuando era presidenta municipal de Chihuahua.
Días antes de su toma de protesta, en septiembre de 2021, tanto la FGE como la Fiscalía Anticorrupción se desistieron de las acusaciones en contra de la entonces gobernadora electa, por lo que la vinculación a proceso por la “nómina secreta”, así como el asunto de los sobornos quedaron sin efecto.
En mayo pasado, Gema Chávez, la titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, presentó su renuncia al puesto al que llegó en 2019 y que dejaría en 2026.
Actualmente, el exgobernador Duarte Jáquez acumula 24 órdenes de aprehensión, 23 del ámbito local y 1 del federal. La orden de extradición se solicitó con base en la orden de aprehensión de la causa penal 3041/2019, en la que se acusa al exgobernador de peculado y asociación delictuosa por haber transferido entre 2011 y 2014 más de 96 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, en las que tenía participación mayoritaria.
