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Polémica sobre producción de litio y su nacionalización cobra fuerza en Latinoamérica

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México, Bolivia, Argentina, Chile y Perú tienen cerca de 70 por ciento de las reservas de litio del orbe, lo cual los ubicará como actores centrales en el tema energético a nivel mundial, afirmó el embajador de Bolivia en México, José Vladimir Crespo Fernández

La importancia del litio cobra fuerza en América Latina, a la vez que la perspectiva de la producción conjunta de este metal genera polémica en la región.

Según datos del Servicio Geológico de EE.UU., dos países latinoamericanos entraron en el ‘top’ 4 de productores de litio en 2021. En detalle, la lista fue liderada por Australia con 55.000 toneladas del metal extraídas, seguida por Chile con 26.000 toneladas, China con 14.000 y Argentina con 6.200.

Mientras tanto, en América Latina surgieron iniciativas para poder hacer alianzas entre países que poseen grandes reservas de litio. Una de estas iniciativas es la creación de la Organización Latinoamericana de Países Exportadores de Litio (OLPEL), cuyo objetivo sería influir en los precios a través de la coordinación de los niveles de producción, de manera similar a como lo hace la OPEP.

La perspectiva de la creación de la organización fue relacionada con las promesas de enriquecimiento de los países miembros, pero también encontró la oposición de algunas naciones. Ejemplo de esta renuencia son algunos sectores privados y gobiernos locales en Argentina, que se opusieron a la iniciativa temiendo graves riesgos para la industria y las inversiones.

Al mismo tiempo, varias naciones de América Latina tomaron medidas para enfrentar los cambios que se producen en el mercado de litio. En la provincia argentina de Rioja se promulgó una nueva ley que reconoce el litio como un recurso estratégico. En Bolivia y México, por su parte, nacionalizaron la industria de litio en 2008 y 2022, respectivamente.

El presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, Pablo Rutigliano, destacó la importancia de unir a los países en esta materia para formar los precios. Según Rutigliano, esto demostrará la capacidad de la región para la productividad y el crecimiento económico.

Recurso estratégico

El manejo e industrialización del litio en Bolivia, hasta ahora, ha sido estrictamente gubernamental. Esto fue establecido en su Constitución Política de 2009; la Ley de Minería y Metalurgia, del 2014; y en la Ley 928 por la que se creó la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos, de 2017.

En esa nación no hay concesiones sobre este elemento a ninguna empresa y/o persona. La fase extractiva está destinada 100 por ciento al Estado, a través de la citada Empresa Pública. Sin embargo, en la industrialización, el Estado puede asociarse con compañías privadas, nacionales y extranjeras, pero mantendrá el 51 por ciento de participación.

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