Al incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) de esta frontera antecedieron denuncias de presunta corrupción a través de cobros, incomunicación, detenciones ilegales y otras prácticas atribuidas a servidores públicos de esta dependencia del Gobierno Federal.
Apenas el pasado 31 de enero, en la recomendación 09/2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó el caso de tres personas de nacionalidad turca que, pese a contar con documentación para estar en México, fueron retenidas en la estación hoy siniestrada de dicha frontera, donde –de acuerdo con el documento– les pidieron dinero a cambio de sus papeles migratorios.
“Siendo trasladados a la EP-CJ (estancia provisional de Ciudad Juárez), quedando QV1 (quejoso y víctima 1) y V2 retenidos 6 días y V3 4 días, a pesar de que dicho Instituto no tenía elemento alguno para justificar este acto, esto porque los tres portaban una Forma Múltiple Migratoria Vigente con autorización para ingresar a México”, dice la recomendación.
“Ante este hecho, denunciaron que una Persona Servidora Pública les solicitó una cantidad de dinero para que les fueran regresados los documentos de viaje”, agregó el reporte oficial, que explica que los hechos ocurrieron en mayo de 2022.
También en 2022, el abogado local Jorge Vázquez Campbell presentó al menos tres escritos en los que acusó a la estructura de mando del INM en esta entidad de abuso de autoridad y contra la administración de la justicia por casos de desacato a órdenes judiciales de liberación de personas en situación de movilidad.
En escritos dirigidos al ministerio público de la federación, el abogado señala a Daniel Goray Yosioka, representante del INM en Chihuahua; Salvador González Guerrero, jefe del INM en el estado; así como a Roberto Gaytán Saucedo, subrepresentante, y José Guillermo Reynoso Ramírez, empleado de la estancia migratoria.
“Violaron la medida suspensional de plano decretada a favor de los directamente agraviados (…) e indebidamente los retuvieron privados de su libertad personal (así sea en calidad de alojados) pese a que antes de que el juicio respectivo fuese sobreseído colmaron las condiciones que les impuso la juez precitada para que fueran liberados”, dice Cambell en un texto con sello de recibido en FGR el 6 de junio de 2022.
“Mantuvieran incomunicados a los quejosos –a quienes impidieron tener comunicación con los suscritos y lo amenazaron con mantenerlos detenidos durante largo tiempo (varios meses, les dijeron, para que sirvieran de ejemplo a los nuevos migrantes que eventualmente después fueses alojados y éstos mejor pidieran ser devueltos a sus países de origen)”, agrega el texto.
En otra exposición ante FGR, de mayo de 2022, el abogado también señala que personal del INM amenazó a sus representados con mantenerlos detenidos si se negaban a firmar sus renuncias a nombrar abogados.
“Y para vencer su voluntad los mantienen en condiciones infrahumanas, sin que hayan cometido delito alguno, pues están hacinados en un ambiente insalubre (es un hecho público y notorio que las estaciones migratorias presentan condiciones similares a las de una cárcel, donde las personas alojadas conviven con fauna diversa, como chinches, pulgas, cucarachas, ratas)”, advierte.
Desde 2022, Vázquez atribuyó las presiones a los detenidos a un esquema de corrupción.
“Con los abogados recomendados no les ponen traba, los procesan inmediatamente y los sueltan. O sea, en cinco días a un abogado que trabaja con ellos les sueltan la gente, pero con nosotros que nos negamos a pagar la cuota –de mil dólares por cada adulto– los intimidan para obligarlos a que se desistan del amparo”, dijo entonces, de acuerdo con lo reportado por este medio el 14 de junio pasado.
“Es un acoso tremendo contra los migrantes”, advirtió también.
En febrero de este año, testimonios recabados por este medio expusieron asimismo quejas por robos, extorsiones y otras violaciones a los derechos humanos.
“Milagros y Geovanny, una pareja de migrantes provenientes de Colombia y Ecuador, dijeron haber sido asaltados por un convoy del INM en el bordo fronterizo, frente a las instalaciones del Consejo Estatal de Población (Coespo) el pasado 17 de febrero, el mismo día que el comisionado nacional, Francisco Garduño Yáñez, anunció que más de 360 agentes patrullarán la frontera hasta el próximo 21 de marzo ‘para brindar atención humanitaria’ y resguardar a los migrantes del frío”, indicó un reporte de este medio.
“Íbamos saliendo de Coespo, en donde nos dieron un kit de higiene, cuando nos acorraló una patrulla, luego vi todito blanco, eran muchas camionetas de Migración. Nos sacaron el dinero de la cartera, fue un asalto, y se llevaron nuestras cédulas de identidad, ya no tenemos identificaciones”, narró el testimonio difundido.
La oficina local del INM no respondió ayer solicitudes de entrevista con los funcionarios citados, ni ante los señalamientos.
“Del año 2020 a 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 4 mil 424 quejas contra el INM, mismas que fueron atendidas por el Instituto”, indicó el instituto en un comunicado difundido a nivel nacional.
“Asimismo, el INM aceptó y se encuentran en proceso de cumplimiento las 48 Recomendaciones emitidas por la CNDH que representan a 661 personas declaradas como víctimas; dicha cifra equivale al 0.269 por ciento del total del universo de atenciones que realizó el INM en lo que va de la actual administración”, agregó el boletín.
El pasado lunes, un incendio en la estancia provisional de esta dependencia –ubicada en el extremo sur del cruce internacional Lerdo-stanton–, cobró la vida de 39 personas de diversas nacionalidades que se encontraban en condición de movilidad en esta frontera.
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