Tras largos meses de espera, la Cámara de Diputados finalmente voto la noche del martes la polémica reforma constitucional al sistema electoral de México, enviada al Congreso por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Como esperaba el Gobierno, la iniciativa no reunió los votos requeridos (dos terceras partes) para ser aprobada, por lo que fue descartada de la Legislatura.
“Como se unieron como siempre el PRI y el PAN, no se obtuvo esa mayoría que se necesita para la reforma constitucional”, criticó este miércoles el presidente.
Sin embargo, el partido en el Gobierno, Morena, tuvo una victoria horas después, cuando la Cámara Baja aprobó cambios a varias leyes secundarias en materia electoral. Estas modificaciones requirieron solo mayoría simple, al no tratarse de reformas a la Constitución.
De esta forma, el ‘plan B’, como denominó el presidente a esta alternativa a sabiendas de que su primera propuesta podría ser rechazada, fue avalada con 267 votos a favor y 221 en contra.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario festejó que se aprobó el paquete de modificaciones secundarias, sin embargo, indicó que la reforma “está acotada porque no puede contravenir, contradecir, lo que está en la Constitución”.
De acuerdo con López Obrador, con el conjunto de modificaciones aprobadas a las leyes secundarias se logró reducir el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) y, con ello, obtener un ahorro calculado de 3.500 millones de pesos (177,4 millones de dólares).
“Sí se redujo el gasto del INE, porque había muchas oficinas duplicadas y se hizo un ajuste, una integración y otros gastos, en general, se logró un ahorro como de 3.500 millones de pesos. Algo es algo, con la reforma a la Constitución el ahorro hubiese llegado hasta los 15.000 millones (760,4 millones de dólares)”, lamentó el presidente.
Tras ser aprobada por la Cámara Baja, la propuesta ahora deberá ser discutida en el Senado para su entrada en vigor. No obstante, López Obrador no espera que su ‘plan B’ pueda realmente operar, por lo que llamó a que sea recuperado en la campaña hacia la elección presidencial de 2024.
“Seguramente, los del bloque conservador van a acudir a la Corte para que se declare anticonstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir, o sea, esto apenas comienza, pero también es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia”, explicó el mandatario.
¿Qué cambios introduce el ‘plan B’?
El nuevo paquete de reformas modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto que expide una nueva normativa: la Ley General de los Medios de Impugnación.
Asimismo, se introducen cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Una de las disposiciones más destacadas contempladas en el conjunto de reformas es la prohibición del uso de monederos o tarjetas de prepago en los procesos electorales, ya que según asegura la iniciativa servían para comprar el voto.
“Se logró que no se facilite la compra del voto, porque nuestros adversarios conservadores, pues tienen mucho dinero“, resaltó el presidente.
Asimismo, la reforma crea un solo Servicio Profesional Electoral Nacional, que en la ley actual prevé dos sistemas, y se elimina la franquicia telegráfica de los partidos, que ha caído en desuso y representa un gasto innecesario para el INE.
En otros temas, se modifica el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), combinándolo con el Cómputo Electoral y se establece que su conteo deberá comenzar el domingo mismo de las elecciones, al cierre de las casillas, y deberá ser transmitido en vivo.
Además, se establece que el voto de ciudadanos en el extranjero podrá hacerse por internet, a través de una aplicación que será implementada días antes de los procesos electorales. Los votantes ahora tampoco requerirán presentar su credencial de elector, sino que podrán ejercer su voto presentando también su pasaporte o matrícula consular vigente.
El proyecto también ordena que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acaten lo establecido por el artículo 127 constitucional y no ganen salarios superiores al del presidente de la República, como hasta ahora aún hacen.
Asimismo, las modificaciones otorgan derecho efectivo de voto a los reos en prisión preventiva y garantizan el derecho al voto de las personas con discapacidad en estado de postración.
Por otro lado, la iniciativa ordena la separación del cargo de legisladores que buscan la reelección. Hasta ahora los congresistas solicitaban un permiso de ausencia para poder postularse a cargos de elección popular y si perdían podían reintegrarse a sus funciones.
Entre los puntos más polémicos introducidos por el ‘plan B’ se encuentran la reducciones de los 300 órganos delegacionales del INE a 260, cuyo funcionamiento pasa a ser de permanente a temporal, con el propósito de abaratar los procesos electorales.
“Eso significa, en los hechos, que se mata al servicio profesional electoral que es la fuente de eficacia, imparcialidad e independencia del Instituto”, criticó en una publicación el exconsejero del instituto electoral, Luis Ugalde.
El proyecto también trastoca a los Órganos Públicos Locales (OPLs), que son los responsables de organizar las elecciones en el ámbito local, por lo que con su desaparición se centraliza el proceso. El argumento del Gobierno es que los OPLs duplican funciones del INE, por lo que con su recorte se espera que se simplifiquen los procesos y se reduzcan costos, explicó el mandatario en su conferencia de prensa.
Mientras que la reforma también traslada la responsabilidad de determinar el gasto del INE a cinco consejeros, quitándole esa capacidad a la Secretaría del instituto.
Lo que quedó fuera
Entre los disposiciones que contemplaba la reforma constitucional que fue rechazada y que no pueden ser alteradas por tratarse de modificaciones a la Carta Magna se encuentran cortes al presupuesto del INE y TEPJF, así como la reducción de los legisladores plurinominales de 500 a 300 de diputados federales y de 128 senadores a 78. Asimismo, planteaba una disminución en el número de representantes de los cabildos, reduciéndoles proporcionalmente hasta siete.
“Hoy hay ayuntamientos pequeños que tienen 14, 15, hasta 20 regidores y se reducía proporcionalmente hasta siete, lo que representaba un ahorro también en la operatividad de los municipios“, explicó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, este miércoles.
También quedó fuera la elección popular de los consejeros y magistrados del INE, que continuará siendo una decisión interna del instituto, aunque con el ‘plan B’ se prohíbe eliminar el registro de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias a cargos dentro del INE y el TEPJF, lo que incluye a magistrados y consejeros y lo que podría significar una ventaja a Morena en las próximas elecciones a estos puestos el año próximo.
La reducción del presupuesto a los partidos, tampoco pudo ser trastocada, al ser un tema asegurado en la Constitución.
