Cada vez que México es testigo de una ola de violencia provocada por grupos de la delincuencia y el crimen organizado, como la que tuvo lugar la primera semana de agosto de este año, en algunos sectores de EE.UU. crece la percepción de que el país está perdiendo el rumbo.
En contraste, el Gobierno de López Obrador considera que estas acciones no son sino “hechos aislados” y “actos de propaganda”.
Sin embargo, tanto dentro como fuera de México no son pocos quienes piensan que se trata de una “demostración de fuerza”, un mensaje que busca sembrar miedo y dejar claro “quién manda”.
Es así como la narrativa del ‘narcoterrorismo’ está de vuelta a la palestra. Son acciones que, sin tener una clara motivación separatista, religiosa, étnica o político-ideológica, están orientadas a lograr que la población entre en pánico y poner en jaque al Gobierno.
El presidente López Obrador hasta el momento ha rechazado definir a los grupos criminales detrás de estas acciones como ‘narcoterroristas’ o ‘terroristas’. Y es que las consecuencias de sumarse a esta narrativa no serían menores.
Dada la extraterritorialidad de la ley estadounidense, si los cárteles de la droga son tipificados como ‘terroristas’, el Gobierno de Biden tendría ‘vía libre’ para lanzarse contra ellos en territorio mexicano.
El ‘narcoterrorismo’ o ‘terrorismo’ son etiquetas que, si el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’ termina aceptando, abrirán la puerta a una intervención extranjera, advierten expertos.
Llevar la “guerra contra terrorismo” al Sur del Río Bravo
Las balaceras, la quema de vehículos y la exposición de mantas con amenazas, a menudo calificadas como acciones de ‘narcoterrorismo’, forman parte de una añeja narrativa que busca poner sobre la mesa dos ideas clave.
La primera, que la estrategia de seguridad del Gobierno del presidente López Obrador es un “fracaso”.
Y, la segunda, a su vez derivada de la anterior, que el país “carece de gobernabilidad” y, por lo tanto, “se vuelve necesario el apoyo desde el exterior”.
El Gobierno mexicano, aseguran, ha demostrado que no tiene la capacidad para hacer frente a las olas de violencia provocadas por la delincuencia y el crimen organizado.
Hace unos días, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva en la que se clasifica a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”.
Envió también una carta al presidente, Joe Biden, y a la vicepresidenta, Kamala Harris, en la que solicita que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como cualquier otro grupo dedicado a la producción de fentanilo, sean catalogados como “terroristas federales”.
No es la primera vez que se pide a un presidente estadounidense que los cárteles de la droga sean categorizados de esta manera.
En febrero 2019, durante el Gobierno de Donald Trump, dos legisladores del Partido Republicano, Chip Roy y Mark Green, hicieron el mismo llamamiento.
Estas etiquetas, ‘narcoterrorismo’ o ‘terrorismo’, no son un mero asunto de terminología, explica en entrevista Javier Oliva Posada, catedrático de la UNAM especializado en temas de defensa y seguridad nacional.
Aplicar estas definiciones a los cárteles del narcotráfico que operan en México, puntualiza, conlleva serias implicaciones, en especial, en la relación con Washington.
A partir de los ataques a las Torres Gemelas, en septiembre de 2001, destaca el académico, EE.UU. lanzó la denominada “guerra contra el terrorismo” en escala global.
Dada la extraterritorialidad de la ley estadounidense, si los cárteles de la droga son tipificados como ‘terroristas’, el Gobierno de Joe Biden tendría ‘vía libre’ para lanzarse contra ellos en territorio mexicano.
Sería llevar la “guerra contra el terrorismo” al Sur del Río Bravo. Oliva Posada pone de ejemplo que, en agosto de este año, en la ciudad de Kabul (Afganistán), un dron estadounidense asesinó a Aymán al-Zawahiri, sucesor de Bin Laden como líder de Al Qaeda.
“Aceptar que en México se catalogue a los delincuentes como ‘narcoterroristas’ es ampliar las posibilidades de una intervención extranjera, tal como lo pretenden los sectores más conservadores de EE.UU.”, sentencia el investigador de la Máxima Casa de Estudios.
El caso LeBarón como precedente
Las presiones para que EE.UU. intervenga en México para combatir a grupos ‘terroristas’ no solo vienen de gobernadores y legisladores del Partido Republicano, sino también de la sociedad civil.
La familia LeBarón, que sufrió el asesinato de seis de sus miembros en noviembre de 2019, aboga, por un lado, por una mayor cooperación con el Gobierno de EE.UU. y, por otro lado, por la participación de instancias internacionales.
La exigencia de justicia de los integrantes de esta familia que, dicho sea de paso, tienen doble nacionalidad, llegó a tribunales estadounidenses y la sentencia judicial, según Oliva Posada, despeja el camino para que Washington lleve a cabo ataques militares o aplique sanciones internacionales sin coordinación con la autoridad local.
En julio de este año un juez de la Corte del estado de Dakota del Norte determinó que el Cartel de Juárez debe pagar una indemnización a la familia LeBarón que asciende a 4.600 millones de dólares por el asesinato de tres mujeres y seis niños.
La orden judicial a favor de la familia LeBarón deja interrogantes, entre ellas, cuál será el procedimiento para hacer que un cártel pague una indemnización y cómo actuará EE.UU. frente a entes legales que mantienen vínculos con grupos criminales
La indemnización se ordenó luego de procesar la queja de la familia bajo la ‘Ley antiterrorismo de EE.UU.’, que establece que todo ciudadano de la Unión Americana tiene derecho a reclamar reparación del daño ante un ‘ataque terrorista’, en este caso, por la emboscada perpetrada por el grupo ‘La Línea’, brazo armado del Cártel de Juárez.
La orden judicial a favor de los integrantes de la familia LeBarón representa un precedente que será decisivo en el tratamiento de denuncias similares en un futuro.
Sin embargo, también deja interrogantes, entre ellas, cuál será el procedimiento para hacer que un cártel pague una indemnización, y cómo actuará el Estado norteamericano frente a entes legales que mantienen vínculos con grupos criminales (bancos, empresas, etc.) localizados en México y EE.UU.
El caso LeBarón ya rebasó las fronteras continentales. A mediados de agosto, Bryan LeBarón anunció que su familia junto con varias organizaciones no gubernamentales, envió una carta a la ONU en la que solicitaba la intervención la Comisión de Seguridad de este organismo multilateral.
El objetivo, se lee en la misiva, es lograr que Naciones Unidas reconozca que en México se libra un “conflicto armado interno” para que, de esta manera, se atienda a través de la acción local y el apoyo internacional.
Sin una intervención desde el exterior, no hay forma enfrentar el problema: el Gobierno de López Obrador, aseguró Bryan LeBarón en un mensaje a medios de comunicación, “tiene miedo de reconocer” que en México “estamos enfermos de ‘terrorismo'”.
