El Centro Prodh sostiene en varios puntos que las modificaciones propuestas van contra el artículo 21 constitucional y dejan completamente de lado el carácter civil de la corporación de seguridad.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez cuestionó la iniciativa del gobierno federal para que la Guardia Nacional quede bajo control completo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la calificó de inconstitucional.
En un posicionamiento publicado en la revista Nexos, el Centro Prodh sostiene en varios puntos que las modificaciones propuestas van contra el artículo 21 constitucional y dejan completamente de lado el carácter civil de la corporación de seguridad.
Sobre los motivos del gobierno federal, quien considera que la Sedena debe intervenir en el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, la organización cuestiona que mediante leyes secundarias se busque ampliar el plazo de cinco años que estaba previsto para que de las Fuerzas Armadas dejaran sus labores en tareas de seguridad pública.
Otra de las críticas a la iniciativa es el cambio que se propone al artículo 12 de la Ley de la Guardia Nacional, para establecer una estructura donde el primer nivel de mando lo tendrá la Sedena, pues sostiene que rompe la cadena de mando civil.
“Se inserta en el punto más alto de la cadena de mando de esta corporación a la institución castrense, diluyendo por entero el carácter civil mandato por la Constitución”, sostiene el posicionamiento firmado por Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.
Además de buscar un control pleno de la Sedena sobre la Guardia Nacional, la organización señala que hay una ampliación de facultades al cuerpo de seguridad en la investigación de delitos y labores de inteligencia, pese a ser un tema que se ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sigue sin resolverse,
“Con esta modificación se continúa ampliando la posibilidad de que una policía militarizada como lo es la Guardia Nacional intervenga en labores de investigación de los delitos. Precisamente, esta fue una de las cuestiones que en su momento impugnó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando interpuso acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de la Guardia Nacional”, señala el posicionamiento.
También se cuestiona que los elementos de la Guardia Nacional seguirán sujetos al régimen penal militar, dentro de institución que constitucionalmente es civil.
Sobre la modificación que propone dotar de más presupuesto a la Guardia Nacional, el Centro Prodh señala que las Fuerzas Armadas seguirán acumulando poder, recursos y presencia pública, sin que se estén diseñando controles civiles externos.
“Con estas modificaciones, la actual administración pretende ir más lejos de lo que consiguió cuando a inicios de sexenio obtuvo, con el concurso de todas las fuerzas políticas, la reforma constitucional que buscaba. Es por ello momento de que se activen los contrapesos necesarios”, afirma la organización.
El crimen organizado es “cuasimilitar”
Uno de los argumentos de AMLO es que el crimen organizado se ha vuelto “cuasimilitar”, por lo que la Guardia Nacional tendría que combatir fuego con fuego.
En su iniciativa, el presidente admite que la delincuencia ha subido de tono sus ataques. Comenta que se podría considerar una amenaza a la seguridad pública, al mismo tiempo que es una amenaza a la seguridad nacional. Asegura que esos delitos federales cometidos por el crimen organizado tienen que ser prevenidos por la Guardia Nacional.
“El riesgo que enfrentamos es súmamente delicado para el Estado mexicano”, dice la iniciativa.
Es una emergencia
En la iniciativa para meter la Guardia Nacional a la SEDENA, el presidente admite que la situación de violencia está bastante complicada. “Esta realidad estructural ha rebasado cualquier planteamiento teórico”, dice la iniciativa.
Habla de la complejidad, diversificación y gravedad del crimen en México y de paso, asegura que se necesitan de las Fuerzas Armadas para recuperar los territorios del país que han sido “laceradas por este flagelo”.
También asegura que todo este movimiento es para brincarse obstáculos administrativos para el funcionamiento de la Guardia Nacional.
En uno de los párrafos más curiosos, el presidente habla de la Guardia Nacional y cómo admite que la gran mayoría de los elementos de esta institución civil… en realidad son militares.
En la página 5 resalta “la importancia de la SEDENA en la integración de la Guardia Nacional”.
Ahí se hace referencia a que 64% de los efectivos eran de la SEDENA y el 14% venían de la Secretaría de Marina. Eso quiere decir que 8 de cada 10 miembros de la Guardia Nacional son de las Fuerzas Armadas.
La gente no cree en la Policía
Uno de los principales argumentos de AMLO para echarle la bolita de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas se enfoca en un sencillo comentario: el presidente asegura que no cree en la policía. Menciona que creó este nuevo organismo por “la carencia de una policía profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad”.
También acusa que no existe en México personal de policía “íntegro, confiable y capacitado”.
En la iniciativa señala algunas encuestas nacionales que ponen al Ejército como una de las instituciones mejor calificadas por las personas en México, mientras que a la Policía —según el INEGI— la consideraron un 56% de los entrevistados como corruptos.
Lealtad, disciplina eso es el Ejército
Por supuesto, la iniciativa de llevar la Guardia Nacional tiene detalles importantes en los que le echa flores al Ejército.
Además de señalar que la participación de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental en sus avances de seguridad pública, hace referencias históricas a la labor de la SEDENA en los momentos rudos del país.
“Históricamente, la lealtad, institucionalidad y disciplina del Ejército, Fuerza Aérea y Armada nacionales constituyen uno de los más sólidos pilares para la supervivencia y continuidad del orden constitucional, así como para la estabilidad política y social y la gobernabilidad de México”, dice AMLO.
Iniciativa para llevar la Guardia Nacional a SEDENA
La iniciativa comenzará a discutirse en el Congreso y se espera una batalla legislativa enredada y complicada. Esperan poder tener un resultado antes del próximo 15 de septiembre.
