Diputados de oposición abrieron este martes un procedimiento judicial de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México contra la reforma por la que se creó recientemente el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Los coordinadores parlamentarios de los opositores Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados denunciaron que con estos cambios legales el oficialismo pretende quedarse con dinero de mexicanos mayores de 70 años.
De acuerdo con los cambios aprobados en abril pasado por la mayoría oficialista en el Congreso mexicano, los recursos de cuentas inactivas en las administradoras de los fondos para el retiro (Afores) se transferirán al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Con estos casi 40.000 millones de pesos (2.380 millones de dólares) se busca garantizar pensiones con tope de casi 17.000 pesos (unos 1.000 dólares) a los mexicanos que se jubilen tras ingresar a laborar en la formalidad en 1997.
Sin embargo, los coordinadores de la oposición argumentaron que esto se trata de «un saqueo a los mexicanos», al agraviar la propiedad y el patrimonio privados, mientras argumentaron que el país “está quebrado”.
“Se presentó la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN y nosotros esperamos un procedimiento rápido para evitar que Morena se quede con 40.000 millones de pesos (2.380 millones de dólares) de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años», sostuvo el coordinador de los diputados del antes partido hegemónico PRI, Rubén Moreira.
En tanto, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, explicó que en sus argumentos ante el máximo tribunal del país se apunta que se violan los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución mexicana, referentes al derecho de los mexicanos de la propiedad privada y la restricción de confiscar bienes.
“Fueron los argumentos que nosotros estamos empleando en donde estamos absolutamente convencidos de que la Suprema Corte de Justicia habrá de fallar, no a favor de la Oposición, sino de las miles de personas que quizá ni siquiera saben que les acaban de sustraer sus recursos», explicó.
En este sentido, detalló que se pidió la suspensión de la norma; aunque la acción de inconstitucionalidad no lo estima de facto.
