Felipe Calderón, expresidente de México de 2006 a 2012, prepara su desembarco en España.
El exmandatario consiguió el pasado mes de octubre una autorización de residencia y trabajo como profesional altamente cualificado, según el diario español EL PAÍS. Esta autorización, que requiere una cualificación de enseñanza superior y un contrato de trabajo, ha sido apadrinada por el expresidente del Gobierno José María Aznar. El exmandatario español ha fichado al mexicano en el Instituto Atlántico de Gobierno, la institución académica que fundó en 2014. La autorización, de dos años pero renovable por otros cinco, está pendiente de que el exdirigente del PAN, la derecha mexicana, formalice su entrada en el país.
Calderón es ya el tercer expresidente mexicano que consigue papeles en España. Antes de Calderón, Enrique Peña Nieto (2012- 2018) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) garantizaron su residencia legal en el país por diferentes vías. Ninguno de ellos ha sido especialmente concreto en sus motivaciones para alejarse de México.
Calderón no tiene aún ninguna investigación abierta en su país, como sí es el caso de Peña Nieto, pero el máximo jefe de la policía de su Gobierno enfrenta un juicio en EE UU por colaborar con el Cartel de Sinaloa durante, precisamente, los años de la supuesta “guerra contra las drogas” que emprendió el entonces presidente mexicano tras su llegada al poder.
Calderón asegura que “trabaja profesionalmente como consultor y conferencista”, en este último caso a través de agencias en Estados Unidos y Sudamérica. “Por esas razones de trabajo viaja constantemente, concentrándose por ahora sus compromisos en Europa y Medio Oriente”. En un texto enviado a EL PAIS a través de un colaborador, Calderón explica: “Recientemente, el Instituto Atlántico de Gobierno, por conducto de su presidente, José María Aznar, lo ha invitado a colaborar en diversos proyectos académicos orientados a examinar la situación política y económica de Iberoamérica. Para tal efecto, ha solicitado y obtenido a últimas fechas una visa de trabajo “para profesionales altamente cualificados” otorgada por el Gobierno español, para la realización de tales actividades, con la autorización de residencia temporal respectiva”.
El primero exmandatario en salir de México fue Enrique Peña Nieto, que en octubre de 2020 obtuvo una visa dorada gracias a la compra en Madrid de un inmueble de más de medio millón de euros. Según él mismo dijo, el pasado mes de noviembre, se fue de México para “desvincularse de la vida política mexicana” y para ser “respetuoso con el tiempo” de López Obrador. El priista está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR), que mantiene abiertas tres investigaciones contra él por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, acusaciones que el expresidente tacha de “absurdo”. Pasados tres años sin pisar su país, Peña Nieto ha renovado su autorización de residencia, se ha comprado el chalet donde vive y pretende quedarse en Madrid, de momento, de forma indefinida.
Tras el movimiento de Peña Neto, fue el turno de Carlos Salinas de Gortari, que logró su pasaporte español a principios de 2021 por su “ascendencia sefardí”. Salinas de Gortari no confirma si vive en España, pero sus visitas son recurrentes. El exmandatario ha sido blanco de las críticas desde que estuvo en el poder por la clase política de México, así como de empresarios, jubilados, trabajadores, sindicalizados, etc.. y actualmente por el gobierno de López Obrador.
Pero de todos los expresidentes, Calderón es, además, un presidente al que le cuesta no opinar sobre los asuntos políticos de su país. Lo suele hacer en Twitter, donde tiene más de seis millones de seguidores pero silencia comentarios que considera incómodos.
El último motivo de intranquilidad para Calderón se lo dio el máximo jefe de la policía mexicana durante su Gobierno, que fue detenido en Dallas (Texas, Estados Unidos) en diciembre de 2019. Genaro García Luna está acusado de colaborar con el Cartel de Sinaloa durante los años de la guerra contra las drogas que emprendió el entonces presidente mexicano tras su llegada al poder. García Luna se enfrenta a tres cargos por crimen organizado y la justicia estadounidense lo señala como el brazo del Gobierno que permitió al cartel más poderoso del mundo, a cambio de sobornos millonarios, operar con total impunidad en México.
