Además del municipio de Guachochi, donde el pasado jueves 20 de octubre se registró un fuerte enfrentamiento armado por el conflicto interno de un grupo criminal para buscar el control absoluto de la tala clandestina, existen al menos otros siete municipios que cuentan con la misma problemática, donde grupos armados se han apoderado de los recursos naturales de la Sierra Tarahumara para la realización de negocios clandestinos, como son los aserraderos y venta de la materia prima.
Lo anterior, de acuerdo con los puntos en los que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad han detectado conflictos y han asegurado “rollos” de madera, los cuales son talados de forma clandestina por grupos criminales que radican en esos municipios.
Se trata de los municipios de Bocoyna, Moris, Madera, Batopilas, Urique, Moris, Témoris, Temósachic y una decena más de comunidades, donde los cárteles de Sinaloa y de Juárez tienen una amplia presencia y un alto control de estos espacios naturales para sobreexplotar y obtener ganancias considerables.
La Fiscalía General del Estado y demás mandos de seguridad han detectado que uno de los detonantes de la violencia en la Sierra Tarahumara ha sido el comercio de la tala clandestina, no sólo el de retirar los pinos de las extensas áreas naturales, sino de controlar los aserraderos que procesan la madera y hasta quienes hacen las negociaciones con algunas empresas fabricadoras de muebles en diversos municipios.
Como fue dado a conocer en días pasados por las autoridades estatales, en la zona de Guachochi el conflicto se derivó por miembros de dos familias pertenecientes al Cártel de Sinaloa, identificados como Melquiades D. M., “el Chapo Calín” o “El 13”, y otro más identificado como Servando M.O., “el Servandito” o “El 21”, quienes buscan el control absoluto de los bosques para la comercialización de estos pinos, así como de los mismos aserraderos.
Los informes de inteligencia de la corporación apuntan a que en algunos municipios como Bocoyna, principalmente en Creel, se encuentra establecido el grupo del Cártel de Sinaloa y lo dirige Rodolfo Eduardo L. Z., alias “el Eddy Zafiro”, a quien incluso le han clausurado diferentes aserraderos en esa zona del estado.
El Zafiro, al igual que “el Chapo Calín”, es uno de los miembros de la familia Los Salazar, que mantiene el control del Cártel de Sinaloa en varios municipios del “Triángulo Dorado”, según la misma información recopilada por la Fiscalía General de la República, quien mantiene una extensa investigación en contra de esta agrupación criminal.
A sólo 32 kilómetros de la comunidad de Creel se encuentra la comunidad de San Juanito, otro de los puntos con mayor problemática de tala clandestina, que de acuerdo con la estructura criminal en el estado de Chihuahua, que elabora la propia FGR, en la zona se estableció el llamado Nuevo Cártel de Juárez, el cual es actualmente dirigido (la comunidad) por César Daniel M.A., “el H2”, y sus hermanos.
Los “H’s”, como se les conoce coloquialmente, fueron incluso considerados uno de los objetivos prioritarios durante 2019 y 2020 por haber atentado en contra de policías estatales, robo de pipas y camiones de carga de madera. En 2021 la FGR realizó la detención de uno de los mandos de esa agrupación, identificado como Juan Homero M. A., apodado “el H7”.
De acuerdo con los informes de la misma corporación, otro de los que tienen intereses o mantienen el control de la tala clandestina en otra zona de la Sierra Tarahumara es José Noriel P. G., “el Chueco”, quien opera en la zona de Urique, pero que tras el homicidio de los sacerdotes, el guía de turistas y un jugador de beisbol se convirtió en uno de los objetivos prioritarios para su captura.
José Noriel ha tenido por más de ocho años el respaldo del Cártel de Sinaloa y posteriormente fue considerado uno de los “jefes de plaza”, siendo una de sus principales actividades la tala clandestina en la zona boscosa de Urique, por lo que detectan su zona de acción en San Rafael, Moris y Témoris, así como el control de los mismos aserraderos.
Caso similar sucedió en el municipio de Madera, donde dirigía el grupo Roberto G. M., “el Mudo” o “el 32”, detenido por participar en la masacre LeBarón, quien era identificado por las corporaciones de seguridad como el líder del Nuevo Cártel de Juárez, en el noroeste del estado.
Tanto la FGR como la FGE identificaron que el Mudo por años encabezó las labores relacionadas con la tala clandestina, incluso su radio de acción lo detectaron hasta el municipio de Temósachic, ubicado a 50 kilómetros de distancia, pero que se convirtió en uno de los corredores predilectos de esta organización.
Aunque Roberto G. M. se encuentra detenido por el delito antes mencionado, el grupo criminal continúa operando bajo el liderazgo de otro sujeto a quien apodan “el 29”, quien se estableció en la zona noroeste, y disputan el territorio al grupo de “el Jaguar”, en el municipio de Madera, quien también fue capturado.
De 2018 a 2021 las autoridades del estado de Chihuahua lograron asegurar 96 mil metros cúbicos de madera clandestina en diferentes comunidades de la Sierra Tarahumara, principalmente en San Juanito, donde los talamontes mantienen una gran actividad para extraer los recursos de forma clandestina y donde a diario reportan cientos de camiones de carga con decenas de “rollos” de madera.
La tala clandestina en el estado de Chihuahua ha terminado con una superficie boscosa de al menos 17 mil hectáreas de recurso natural, de acuerdo con las acciones que ha venido emprendiendo la Fiscalía General del Estado, donde han logrado asegurar a más de 20 personas y por lo menos 70 camiones involucrados en esta actividad ilegal.
Los trabajos en conjunto para evitar este delito permanecen en el estado y continúan realizando detenciones y decomisos de madera talada de forma clandestina, para evitar que la misma llegue a comercializarse o tratarse de forma ilegal.
