Aunque la negativa en un inicio del PAN fue por señalar proyectos federales, se propuso que también se exhortara a la federación en el mismo sentido, sin embargo optaron por la opacidad en todos los ámbitos.
Chihuahua, Chih, 20 octubre 2022. La fracción parlamentaria de morena en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa parar que la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, apegarse a los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas en los casos de solicitudes de transparencia referentes a la Torre Centinela, sin embargo fue rechazada por los diputados del PAN y PRI.
La diputada Leticia Ortega Máynez, expuso que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se conoció que ciudadanos han realizado múltiples solicitudes para conocer el proyecto, y en ninguna de esas solicitudes se ha atendidas, con el argumento por parte de los Comités de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría Pública, que la información es reservada, incluso aspectos básicos del proyecto.
“El colmo, es que en la mayoría de esas solicitudes únicamente se solicita la fecha de aprobación de la adjudicación, las fechas de firma de los contratos, el nombre de la empresa que recibió la adjudicación, el costo del proyecto o el fundamento de la adjudicación directa. Ni siquiera eso se ha transparentado”, manifestó la diputada.
Ante esta situación hermética por parte de las autoridades estatales, la diputada Leticia Ortega indicó que el concepto de seguridad pública no debe ser una herramienta de discrecionalidad para que el gobierno sea opaco.
“Cuando se clasifica la información, no es suficiente que el contenido de esta esté relacionado con las materias mencionadas en la ley, sino que en las llamadas pruebas de daño debe también considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causa un daño presente, probable y específico a los intereses jurídicos de la seguridad pública”.
El diputado Gustavo De la Rosa Hickerson aclaró que las dudas que se tienen sobre este proyecto, no toca puntos de seguridad, sino del contrato que se realizó con la empresa “Seguritech”, y advirtió que ante lo que se conoce actualmente, esta empresa hará el negocio de su vida con dinero de los chihuahuenses, y que esos 4 mil millones de pesos deberían destinarse a contratar más policías y agentes en la fiscalía para trabajar las carpetas de investigación atoradas.
Por su parte, el diputado Benjamín Carrera manifestó que las dudas por parte de los ciudadanos son legitimas, debido al historial que se ha registrado en en Ciudad Juarez, “la burra no era arisca, la hicieron”, manifestó el diputado, y reiteró que la información que se está ocultando genera sospechas de que se trata más de un negocio que de una estrategia de seguridad.
La diputada María Antonieta Pérez, cuestionó las formas en que se ha presentado el secretario de seguridad estatal Gilberto Loya, en el congreso, donde ha dejado más dudas que respuestas, ante la realidad de que “Seguritech” tiene un negro historial en varios estados donde se ha presentado el mismo proyecto, de una empresa que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se dedicaba a vender botones de pánico; y advirtió que los estados que lo han contratado son los que tienen mayor inseguridad.
“¡Como les duele transparentar!”, expresó la diputada Ortega Máynez, quien retomó la idea original de la propuesta, y recordó que se trata solo de que el gobierno estatal se apegue a los lineamos generales en materia de clasificación y desclacificación de las información, y los invitó a votar a favor de agregar un exhorto al gobierno federal para que también se apegue a la transparencia, y que se exhorte al gobierno estatal con la “plataforma centinela”.
El coordinador de la bancada Cuauhtémoc Estrada, consideró que el que los diputados de acción nacional acudan a temas federales, exhibe su negativa a transparentar el proyecto, sin embargo, aprovechó para recordar que la reforma al quinto constitucional para extender la operación de la Guardia Nacional en tareas de seguridad, también traerá un fondo permanente para los cuerpos de seguridad estatales y federales, por lo que cuestionó su negativa, además recordó que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), ha aumentado.
