La reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que determinó pasar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación, deja fuera de la corporación a los 23 mil 236 policías federales que laboran en ella. Los elementos señalan que no saben qué pasará con ellos, por lo que acusan incertidumbre y discriminación.
El decreto por el que se avaló este cambio establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) “dispondrá que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, por lo que seguirá bajo su adscripción, conservando sus derechos laborales adquiridos”.
Además, establece que el personal de la Policía Federal que pertenezca a los organismos especializados de la Guardia Nacional continuará prestando sus servicios para esta corporación, pero especifica que solo será de manera temporal y “conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de Defensa Nacional y el ramo de seguridad pública”.
Sin embargo, elementos de la extinta corporación policial aseguran que las autoridades no les han informado sobre el lugar de trabajo al que serán transferidos ni sobre si seguirán conservando sus cargos. Solo les han hecho saber que existe aún la posibilidad de acceder al esquema de “retiro voluntario” para dejar de formar parte de la institución o tener cambio de función, pero sin la certeza de si conservarán sus prestaciones laborales.
Policías acusan incertidumbre y discriminación
Para los policías federales que aún están en la Guardia Nacional, todo es incertidumbre. Están seguros de que el motivo por el que los quieren fuera es solo para no “ensuciar” a la corporación creada en la administración de López Obrador, quien insiste en que la extinta Policía Federal fue una institución corrupta.
“Tenemos una idea de qué va a pasar con nosotros, porque ellos lo único que dicen es que nos van a sacar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, vamos a depender de ellos. O sea, en la Guardia Nacional nada más va a haber militares. Entonces, nos van a mandar a la Conase (Coordinación Nacional Antisecuestro), nos van a mandar a cuidar instalaciones, bancos, presas, penales, y por ahí se maneja otra área como de investigación”, dice el capitán Rómulo, adscrito aún a la Guardia Nacional en Sinaloa.
Sin embargo, considera que es una mentira que les vayan a respetar sus derechos laborales adquiridos, como refiere el decreto publicado el 9 de septiembre pasado, pues no les quieren respetar la antigüedad ni el grado ni el salario.
“Por ejemplo, yo soy capitán, pero mi grado me lo quieren quitar para que quede vacante para la Guardia Nacional. Entonces, si me quitan el grado me dicen que me tengo que bajar a los sueldos que tienen en la Conase, en este caso”.
Un suboficial de la Guardia Nacional en el mismo estado, que pidió mantener su nombre en el anonimato, dice que las autoridades también han ofrecido procesos de baja a través de un Programa de Separación Voluntaria, aunque les piden desistir de sus amparos si es que han tramitado alguno.
“Justo o no, pero dicen los compañeros: ‘Pues prefiero irme con lo que me ofrecen a que después me corran con un control de confianza’. Y pues tienen razón. Pero es un miedo tan feo con el que te duermes y con el que te levantas. Es un estrés que estamos viviendo que dices tú: ‘¿Oye, por qué está pasando todo esto?’”.
Para defender la creación de la Guardia Nacional, López Obrador aseguró en su iniciativa que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón inició una “estrategia fallida” en contra del crimen organizado, etapa en la que “la corrupción e impunidad promovidas por los vínculos entre criminales y autoridades llevó a una elevada infiltración desde las policías estatales, municipales y la Policía Federal hasta los más altos niveles en las estructuras gubernamentales”.
A partir de esta etapa, según López Obrador, México registró una de las mayores cifras de personas desaparecidas en el mundo y el mayor número absoluto de homicidios en el hemisferio occidental, además del “recrudecimiento, expansión y diversificación de la violencia criminal, cuyos efectos aún hoy en día afligen a las comunidades y poblaciones de gran parte” del país.
“Lo anterior llevó a que la Policía Federal tuviera una pérdida de confianza por parte de la población”, afirmó, al exponer que tan solo en 2020 “el 56.7% percibió a esta corporación policial como una institución corrupta”.
Sobre este tema, un inspector de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, quien también pidió el anonimato, aseguró que, si bien es cierto que había actos de corrupción en la Policía Federal, quienes aún persisten no son responsables de anomalías.
“El que nada más venía a ver qué se llevaba o qué se robaba, como se dice coloquialmente, ya se fue. Los que tenemos vocación de servicio, los que vivimos honestamente de nuestro sueldo somos los que estamos ahorita”.
El capitán Rómulo es más enfático en asegurar que quienes estuvieron en la Policía Federal y están en la Guardia Nacional no tienen comprobados actos corruptos.
—¿Qué le pedirías a las autoridades y al presidente? —se le pregunta.
—Pues si la Guardia Nacional no nos quiere, pues que nos liquiden. Que nos corran y nos liquiden conforme a la ley. Si ya no le servimos, liquídanos. Yo no sé por qué hacen estas cosas, por qué nos orillan… en realidad nos orillan a que te retires “voluntariamente”.
El futuro de los policías federales
En entrevista, la abogada Reyna Velasco, que en 2020 representó a diversos policías federales que se ampararon contra las transferencias de funciones en la Guardia Nacional, explica que a más de dos años de estos hechos la mayoría de los amparos aún están en trámite, es decir, están en cumplimiento de la sentencia o en recursos de revisión.
“Cuando tú le ganas un amparo a la Guardia Nacional, lo que hace la Guardia Nacional es interponer recursos de revisión (ante un Tribunal Colegiado). Luego te confirman en el recurso de revisión la sentencia y lo que hacen es solicitar prórrogas y prórrogas y prórrogas por tiempo indeterminado para cumplir las sentencias”.
En 2020, diversos elementos de la extinta División de Seguridad Regional de la Policía Federal, ya estando en la Guardia Nacional, fueron colocados en Seguridad y Carreteras. No obstante, meses después los transfirieron a la División General de Servicios Especiales, donde básicamente los cambiaron a realizar funciones administrativas lejos de sus casas.
Por ello, interpusieron amparos y ganaron varios de ellos. Sin embargo, la Guardia Nacional los volvió a dejar en Servicios Especiales, acción que los jueces consideraron como un acto en el que “no había repercusión”.
“Entonces, muchos de ellos están tomando la opción de decir: ‘Mejor opto por el retiro voluntario’”, dice Velasco.
La abogada explica que desde 2019, cuando nació la Guardia Nacional, muchos policías federales empezaron a ser retirados de actividades operativas.
Con información de Animal Político
