El Ministerio Publicó dio lectura al testimonio del testigo de clave reservada 56rp656w7, cuya declaración fue emitida en fecha del 8 de diciembre del 2018 y quien señaló haber tenido conocimiento de que “el imputado al desarrollarse como gobernador instruyó y operó desvíos de dinero público para su beneficio”. 

El declarante se remontó a su relación con el imputado desde 1999 en que conoció a Duarte anterior, este, a ser gobernador y a su función en gabinete en la Secretaría de Hacienda. Con ello relata la relación del imputado con círculos agropecuarios y ganaderos que lo llevaron a crear estas relaciones e incluso la Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R, a donde se desviaron los recursos públicos. 

Usó Duarte la ganadera División del Norte para financiar campañas

En su exposición, el agente del Ministerio Público estableció que César Duarte, en su calidad de gobernador, orquestó y ordenó el desvío entre 2011 y 2014 en favor de la Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., ambas relacionadas al exmandatario, para lo cual se simularon 12 procedimientos administrativos en las secretarías de Hacienda y Desarrollo Rural para justificar la salida del recurso público.

La Fiscalía indicó que la Unión Ganadera Regional División del Norte, que recibió 64 millones 665 mil 253.80 pesos, tenía como socio y presidente del Consejo a César Horacio Duarte Jáquez, según se corroboró en el Registro Nacional Agropecuario.

Mientras que la Financiera División del Norte, a la que se le entregaron 32 millones de pesos, tiene como fundador al mismo Duarte Jáquez, quien además contaba con más del 98 por ciento de las acciones de la serie A y el 93.35 por ciento de las acciones de serie B.

Estos recursos se obtuvieron mediante la simulación de convenios para la adquisición de equipo necesario para inseminación artificial en apoyo de los productores afiliados de la Unión Ganadera, por un monto de 582 mil 965 pesos, pagados el 17 de junio de 2011.

También se simuló subsidio para la adquisición de vaquillas productoras de carne, entregado el 4 de octubre de 2011 en dos pagos de 9 millones 210 mil pesos y 2 millones 790 mil pesos, en favor de la Financiera División del Norte. El 6 de enero de 2012 el gobierno estatal pagó otro subsidio similar, ahora por un monto de 12 millones de pesos.

Se identificó una contratación de mutuo con interés con la Unión Ganadera con motivo de un préstamo para capital de trabajo y compra de ganado para la producción de carne por 5 millones de pesos, que fueron pagados el 9 de enero de 2011.

El 10 de enero de 2012 llegaron a la Unión 16 millones de pesos con motivo de un apoyo económico para la indemnización a productores que trasportaron ganado improductivo para su sacrificio. Con este mismo motivo se pagaron 10 millones de pesos el 25 de enero de 2012 y otros 10 millones entregados el 15 de marzo.

El 25 de abril de 2012 se depositaron 2 millones 692 mil 288 pesos a la Unión Ganadera para una supuesta adquisición de 116 equipos de inseminación artificial para incrementar la calidad genética del ganado.

La Fiscalía refirió que el 12 de julio de 2012 se entregaron 10 millones de peso a la Unión con motivo de una supuesta adquisición de alimento para ganado bovino.

A la Financiera se le pagaron 8 millones de pesos por su intermediación en la adquisición de una finca urbana ubicada en las calles Guillermo Prieto y Mercaderes en Hidalgo del Parral, la cual era propiedad de Consuelo García Chávez.

El 1 de abril de 2013 se pagaron 250 mil pesos a Unión Ganadera como apoyo para el traslado de ganado a la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. El 18 de octubre de 2013 se realizó un pago de 60 mil pesos por el mismo concepto.

El 18 de octubre de 2013 también se erogaron 4 millones 600 mil pesos en favor de la Unión Ganadera, ahora por concepto de la ejecución del programa de repoblamiento de ganado bovino.

Finalmente, se simuló la entrega de un apoyo a la Unión Ganadera para la adquisición de avena, frijol y maíz para productores pecuarios por un monto de 5 millones 500 mil pesos, pagados el 28 de noviembre de 2014.

Los documentos relacionados con estos procedimientos simulados fueron firmados por Pedro Humberto Baca Gómez, representante legal de la Unión, así como por el finado exdiputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, en su calidad de presidente provisional de la organización.

El Ministerio Público manifestó que tras realizar la revisión de estos procedimientos se determinó que no tenían sustento legal, además, ni en la Secretaría de Hacienda ni en la de Desarrollo Rural se encontraron evidencias de que los recursos sustraídos de las arcas estatales hubieran sido utilizados para dichos fines.

Además, refirió que la Financiera duplicó su capital entre 2009 y 2012. En la documental M2-asamblea de fecha del 5 de octubre del 2009, se establece que el valor de las acciones en capital fijo y variable de la Financiera era de 16 millones de pesos. Como accionistas mayoritarios aparecen el exgobernador, Carlos Hermosillo y la Unión Ganadera Regional División del Norte.

Sin embargo, en el documento M2-asamblea del 29 de octubre del 2010, la Financiera acordó la modificación en el valor de las acciones en capital fijo y variable con un agregado de 14 millones de pesos a nombre de César Duarte, para un valor total de 30 millones de pesos.

En la diversa documental M2-asamblea, de 28 de febrero del 2012, se asienta la modificación de las acciones a nombre de Hermosillo Arteaga por un millón de pesos, con lo que el valor total de la Financiera pasó de 30 millones a 31 millones de pesos.

Tiene Fiscalía 65 testigos vs Duarte

Los datos de prueba presentados por la representación social fueron aportados por 38 denunciantes como el exdirector de Fomento Agropecuario, Martín Solís Bustamante, y la exsecretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, que al momento de señalar las anomalías trabajaba en la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Se contó también con las declaraciones de 57 testigos, entre ellos Karina Velázquez Ramírez, quien se desempeñó como coordinadora del programa Chihuahua Vive durante los primeros tres años de la administración estatal 2010-2016; el exdiputado y exdelegado de Sagarpa David Balderrama Quintana; el ganadero Álvaro Bustillos Delgado y el exsecretario particular de César Duarte, Jesús Manuel Luna Hernández, quien fue sentenciado en procedimiento abreviado por el delito de peculado por hacer uso de una aeronave propiedad de Gobierno del Estado.

Además, el Ministerio Público refirió que cuenta con la declaración de ocho testigos con identidad reservada de claves 56RT65PW7, KA5P23/2019, 5N4GYUH12A19, FE54HD7SHJW/2019, 65HD6JA9K2S/2018, MI37SC94WQ/2019, PYRTJ/2018 y 6SDX34M/2017.

Duarte pudo conocer la identidad de los testigos protegidos luego de que su defensa solicitara al juez que se revelaran sus datos.

Al finalizar el Ministerio Público de formular la imputación, el exgobernador hizo uso de la palabra para señalar que no entendió la acusación.

“No me quedó claro, porque en ningún momento entendí, ni escuché, en qué fue donde yo actué para que en esos desvíos de los cuales se me acusa, mi participación haya quedado por supuesta”, dijo Duarte.

El juez de Control que encabezó la audiencia, Humberto Chávez Allende, le explicó al inculpado que la Fiscalía procedería a leer los antecedentes de la investigación donde se brindarían más detalles sobre los hechos base de la acusación.

Cabe señalar que se trata del mismo juzgador que llevó los casos de los tres fundadores de la empresa Aras Investment Business Group, acusados de fraude y asociación delictuosa.