El debate legislativo por la Ley de Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador tensó aún más el permanente clima de “polarización política” que enfrenta el país.
La víspera, la llamada reforma eléctrica, que es uno de los proyectos más importantes de este Gobierno, fue aprobada en comisiones en la Cámara de Diputados con 46 votos a favor y 36 en contra. El acuerdo previo entre los partidos establecía que este martes se discutiría en sesión plenaria.
Las bancadas de oposición se prepararon y, como parte de un acto mediático, llevaron valijas, mantas y colchonetas para dormir en la sede parlamentaria. Afirmaron que temían que las marchas previstas en favor de la nueva ley les impidieran llegar al Congreso. Una diputada incluso llegó con un tanque de oxígeno debido a que atravesaba una neumonía pero no estaba dispuesta a perderse la sesión.
Al grito de “la reforma política no va”, legisladores opositores confirmaron que votarían en contra. “Traidores a la patria”, fue la respuesta masiva que recibieron en redes sociales, en donde fueron acusados de querer entregar los recursos nacionales a empresas extranjeras.
Los pronunciamientos de la oposición presionaron al Gobierno, ya que las reformas constitucionales, como esta, necesitan por lo menos dos tercios de los votos que hay en la Cámara de Diputados, es decir, 334 de 500, pero el oficialismo y sus aliados solo cuentan con 277.
Por la noche, cuando ya estaba todo listo para la sesión de este martes, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que es controlada por el partido lopezobradorista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunció que el debate se posponía para el próximo domingo a las 10:00 horas, lo que tomó por sorpresa tanto al resto de los diputados como a la opinión pública.
Los coordinadores del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera; Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis E. Cházaro; y Partido de la Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, advirtieron que el retraso de la discusión parlamentario forzado por el Gobierno no servirá de nada porque de cualquier forma votarán en contra.
Escándalo
Como es plena Semana Santa y ese día es el Domingo de Resurrección, abundaron las bromas sobre el intento del Gobierno de “resucitar” una reforma que, por ahora, los detractores ya dan por muerta.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, afirmó que la intención era que hubiera “una mayor socialización” para que tanto los diputados como la ciudadanía conozcan mejor el proyecto, pero desde la oposición denunciaron que se trataba de una estrategia de último momento para ganar tiempo con la esperanza de convencer a los 57 diputados que les falta para contar con la mayoría calificada.
Otra forma de que el Gobierno logre que la reforma se apruebe, es que el domingo haya suficientes ausencias de diputados opositores, ya que el requisito de las dos terceras partes se refiere a los legisladores que estén presentes al momento de la votación. Si van todos los del oficialismo y sus aliados pero menos del resto de las bancadas, entonces se abre una posibilidad de que sea aprobada.
En el medio, mientras unos y otros hacían cuentas de los votos que se necesitan, la diputada Edna Díaz (Partido de la Revolución Democrática), desató un escándalo ya que, durante el debate de la reforma en comisiones, charló con Paolo Salerno, coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Italia que estaba sentado a su lado.
El oficialismo exigió su salida inmediata del recinto, ya que no correspondía ni su presencia ni mucho menos que ocupara una curul. Incluso estallaron las especulaciones sobre pagos de sobornos, ya que el lobista llevaba un maletín.
El proyecto
En septiembre del año pasado, López Obrador envió al Congreso una reforma que establece que la estatal Comisión Federal de Electricidad controlará el 54 % de la generación de energía eléctrica y el resto del mercado podrá ser operado por otras empresas privadas nacionales y extranjeras. Además, la empresa gubernamental se hará cargo por completo del abastecimiento.
Este es uno de los puntos más polémicos de la iniciativa, ya que afecta los intereses de firmas europeas y estadounidenses que tienen inversiones en el país y que podrían perder ganancias. El proyecto advierte que, en cuanto la reforma entre en vigor, se cancelarán los permisos de generación eléctrica que están vigentes, así como los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado y las solicitudes pendientes de resolución.
Con respecto al litio, lo considera como un mineral estratégico, lo que permitiría que todas las reservas sean consideradas propiedad de la nación.
El dictamen que fue aprobado el lunes garantiza que el Estado mexicano preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la Nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población. Es una respuesta a las críticas opositoras que vaticinan que los cambios solo producirán encarecimiento del servicio y desabastecimiento.
También se compromete a llevar a cabo una transición energética que utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir la emisión de gases y componentes de efecto invernadero.
Aunque el proyecto inicial ya sufrió cambios, en algunos casos a propuesta de la oposición, los detractores de la ley siguen organizando movilizaciones de rechazo que se enfrentan a las marchas que sí apoyan la reforma. El próximo domingo, ambos bloques se reunirán afuera del Congreso.
López Obrador encabeza la campaña en favor de la reforma. De hecho, ha reiterado sus críticas a empresas como la española Iberdrola, por considerar que solo se coludieron con los gobiernos pasados a través de pactos de corrupción.
“¿Por qué van a votar por las empresas que tienen como propósito el lucro y se han dedicado a corromperlo todo?”
Advirtió al dirigirse a los legisladores de la oposición, entre los cuales está la conservadora Margarita Zavala, exprimera dama y esposa del expresidente Felipe Calderón, quien incluso ha sido bautizada como “la diputada Iberdrola” ya que su férrea oposición a la reforma representa un conflicto de interés.
