Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dijeron el martes estar “cansados” y “decepcionados” con las autoridades tras el reciente informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reveló una mayor intervención de las Fuerzas Armadas de México en la investigación, así como una total “simulación” en la primera versión oficial del caso.
“¿Cómo no estar enojados si a tres años sale una información que tenía que haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojados si no sabemos nada de nuestros hijos?”, expresó Mario González, padre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014, durante la conferencia realizada en la Ciudad de México.
El lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH divulgó un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa en el que, entre otros hallazgos, se reveló un video tomado el 27 de octubre de 2014 —un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes— en el basurero de Cocula.
En las imágenes se muestra a miembros de la Secretaría de Marina de México siendo parte activa en la manipulación de pruebas durante la investigación de los hechos, específicamente en el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los 43 estudiantes secuestrados, según la primera versión oficial del caso.
Eso, entre otras revelaciones que incluyen la infiltración de agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la intervención irregular ilegal de comunicaciones de actores claves durante la desaparición forzada o la existencia de actas falsificadas, añadió indignación a las familias, que llevan más de siete años tratando de conocer el paradero de sus hijos.
VOLUNTAD SIN RESPUESTA
González continúo asegurando que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “tiene toda la voluntad”, pero que las instituciones no le hacen caso.
“Por un lado, voluntad, y por otro cerrazón, ¿a qué estamos jugando?”, sentenció.
Sobre las imágenes e información reveladas por el nuevo informe del GIEI —es el tercero luego de los presentados en 2015 y 2016— los familiares dijeron que con éste confirman que no se equivocaron cuando insistieron en que no bastaba “con la voluntad”, y que tenían que ser acompañados por un organismo internacional, detalló Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Añadió que con la publicación de esta nueva información los padres también tienen la sensación de que las autoridades dejaron transcurrir tres años sin poder acceder a toda la información.
Lo anterior, pese a que en diciembre de 2018 se firmó el Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa, que fue refrendado por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y con el que el Gobierno se comprometía a entregar toda la información relacionada con el caso.
“No hablo de mandos pasados, hablo de estos mandos que nos prometieron llegar a la verdad, que jugaron con nosotros, que lo único que querían era la fotografía”, expuso, molesto, González.
“¿Si no obedecen un decreto presidencial, a quién obedecen?”, agregó el director del Centro Prodh.
Por último, agradecieron al GIEI —que podrá quedarse un máximo de seis meses más— su trabajo e hicieron un llamado a López Obrador para que reciba a los padres, ya que no se reúnen con él desde septiembre pasado.
El martes, en su conferencia diaria, el Presidente dijo que los jefes de la Secretaría de Marina (Semar) involucrados en el operativo del basurero de Cocula sobre el caso Ayotzinapa son investigados y ya han declarado ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, aseguró que la investigación del caso sigue abierta. “Es un compromiso que tenemos, de dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, apuntó.
IMPOSIBLE “VERDAD HISTÓRICA”
Previo al recientemente presentado tercer informe, el GIEI ya había socializado otros dos documentos en los que consideró imposible el relato de los hechos de la primera versión oficial del caso y denunció un montaje en el hallazgo en el río en 2014 de restos de uno de los jóvenes.
Más tarde, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), saludó la publicación del informe del GIEI y dijo que los actos y omisiones de instituciones públicas que obstruyeron el avance de la investigación y la búsqueda de los 43 estudiantes “contaminó parte de las investigaciones y colocó capas de encubrimiento que hasta el momento han impedido a las familias ver materializado plenamente su derecho a la verdad y a la justicia”.
Al tiempo que, dijo, han comprometido la responsabilidad del Estado mexicano en la esfera internacional.
“La evidencia que ofrece el informe del GIEI nos alerta sobre los riesgos de no aplicar principios básicos de derechos humanos y del estado de derecho en cuanto a la fiscalización, y rendición de cuentas de instituciones y autoridades. Todas las instituciones, incluidas las de procuración de justicia, deben estar sometidas a la Constitución y la ley, así como las instituciones militares a la fiscalización por parte de las autoridades civiles del Estado”, apuntó Fernández.
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, los estudiantes fueron entregados al Cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
Esta versión siempre fue cuestionada por los familiares de las víctimas y por el GIEI, que en los anteriores informes ya señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en el basurero.
El Gobierno de López Obrador reabrió el caso a finales de 2018 y derrumbó definitivamente esta versión oficial de la administración de Peña Nieto al identificar restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez en 2020, y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.
Estas dos identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.
Reportes pasados del GIEI y otras instituciones, así como algunos testigos, ya habían señalado en el pasado la participación de las Fuerzas Armadas en el caso, pero este nuevo informe reveló más vínculos con el suceso.
