México dio un paso significativo al promulgar una reforma judicial que permitirá la elección popular de jueces, magistrados y ministros, en un proceso que será supervisado por el Instituto Nacional Electoral (INE). La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene el objetivo de hacer que el sistema judicial sea más accesible y representativo de los ciudadanos.
Esta medida ha desatado un debate entre quienes consideran que la elección popular ayudará a eliminar la corrupción en el Poder Judicial, y quienes argumentan que podría afectar la independencia judicial al someter a jueces y magistrados a intereses políticos. Los partidos de oposición, junto con algunos miembros del sector judicial, han expresado su rechazo, mientras que organizaciones civiles han anunciado que interpondrán recursos legales para frenar la implementación de la reforma.
A pesar de las críticas, la presidenta Sheinbaum ha defendido la reforma como una herramienta para democratizar la justicia en México y alinear las instituciones con los principios de transparencia y participación ciudadana.
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