¿El agua es de los chihuahuenses? por el reconocido escritor deliciense Juan Cristóbal Pérez Paredes

14 septiembre 2020   4:10 PM | Por redacción
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley fundamental de la Nación, y aunque hay normas específicas que desarrollan, precisan y sancionan el contenido de sus artículos, en cualquier instancia, para un lego como yo, la lectura somera de la Constitución ofrece luces a fin de tratar de comprender los entresijos del orden legal. El reciente conflicto en torno al agua ha zanjado las opiniones de una forma que parece irreconciliable: unos aseguran que la extracción condena al desfallecimiento los subsecuentes ciclos agrícolas.

Otros argüyen que México debe cumplir las diposiciones de un Tratado de Aguas que data de 1944, pagando a los Estados Unidos unos 426 millones de metros cúbicos de agua antes del 24 de octubre (El Financiero, 3 de septiembre, 2020); los mismos también insisten en que habrá suficiente líquido para el riego local.

Los intentos de avenencia fracasaron y ello derivó en acciones de resistencia por parte de los agricultores que hasta hace poco habían arrojado un saldo de daños materiales y heridos leves; el martes, sin embargo, una pareja de manifestantes fueron baleados por la Guardia Nacional, asesinando a la mujer e hiriendo gravemente al hombre, dando al conflicto un matiz trágico que me obliga a escribir sobre el tema (refiero esto como información presunta, ya que al momento de la redacción de esta columna el hecho no estaba esclarecido).

Desde que los seres humanos descubrimos que las leyes permiten consolidar un Estado de derecho que regule la intrincada convivencia social, decidimos apostar por el respeto a la ley, lo cual no obsta para que ella quede exenta de toda clase de transgresiones: algunas personas eligen o son forzadas a vivir al margen del derecho, pero si fuéramos la mayoría no habría sociedad.

El argumento más reiterado de las voces que reprueban la extracción de agua se resume en lo siguiente: “el agua almacenada en las presas del estado de Chihuahua pertenece a los chihuahuenses”.

El Tratado de Aguas de 1944 es, en el fondo, consecuencia de una acerba disputa por la asignación de las aguas de los ríos Colorado,Tijuana y Bravo.

¿Que el Tratado es injusto? En el caso de que lo sea, habrá que solicitar, crear y hasta exigir las condiciones precisas para renegociarlo, pero romper el acuerdo, sin más, solo iría en detrimento de la solvencia política del país en materia de tratados internacionales.

Lo que no es verdad es que el agua acopiada en las presas regionales pertenezca a Chihuahua. El argumento es absurdo. Si fuera así, el municipio de Rosales alegaría con la mano en la cintura que el agua de la presa Francisco I. Madero es de los rosalenses porque está en su territorio; de modo que en época de sequía Rosales tendría prioridad en el reparto del agua, luego los municipios aledaños, después otros estados de la República y, al final, los gringos. No funciona así.

Me remito, pues, a la letra de la Constitución, por lo que apelo a la condescendencia de los especialistas si cometo algún despropósito.

Las líneas inaugurales del Artículo 27 decretan que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.

Aquí hay mucha tela que cortar; no obstante, algo es clarísimo: el agua es propiedad de la Nación y transmitir el dominio a los particulares es su prerrogativa. ¿Acaso nos han transmitido la propiedad del agua a los chihuahuenses? No: el título de concesión no es, en absoluto, una traslación per se de dominio sino un contrato administrativo prorrogable. La regulación de las presas es de orden federal y por lo tanto la extracción no es, como se ha dicho, un robo al Estado.

En la improbable hipótesis de que la Nación hubiera dado el agua en propiedad a Chihuahua (¡vaya contradicción!), el mismo artículo establece que “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.

¿Estamos ante la típica prevalencia de los derechos de la mayoría sobre los de las minorías? Pienso que la cuestión es más compleja. Aquí estriba la razón por la que si usted descubre petróleo en su patio la Nación va a expropiarle la casa con miras al bien público, indemnizándolo a usted y a sus vecinos con una cantidad conforme con el valor económico del fraccionamiento y no por el valor del yacimiento que hay ahí.

El Artículo 27 continúa: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.

La expresión clave del párrafo es distribución equitativa y, como en el contexto del Tratado de Aguas, se espera del Gobierno Federal que distribuya equitativamente el agua. Si no lo hace habrá que reclamarlo, pero honrando los pactos y los acuerdos internacionales en tanto que sean legalmente válidos, y aceptando, por otra parte, que somos una federación, es decir, consintiendo que el agua de nuestras presas no es sólo de los chihuahuenses y no nos la están robando.

Aunque etimológicamente la palabra equidad viene de aequitas (igualdad), hoy el Diccionario panhispánico del español jurídico la define como “Principio de justicia material que debe ponderarse en la aplicación de las normas en atención a las circunstancias del caso”, y en virtud de que las circunstancias del caso suelen variar, invocar la igualdad en este sentido resulta delirante.

De lo contrario, tampoco el reparto del presupuesto nacional a los Estados debiera ser equitativo: Nuevo León tendría que disponer de un muy engrosado presupuesto, acorde con lo que aporta al país, y Guerrero uno bastante más raquítico, en razón de sus escasas contribuciones, situación manifiestamente insostenible.

Todo lo anterior no quita ni un ápice de legitimidad a las reinvidicaciones de los agricultores, siempre que éstas se funden en el discernimiento mesurado y jurídico, dando ejemplo, si cabe, a nuestros gobernantes. Pero como en tantas otras cosas, los expertos tienen la última palabra.

Fuente: El Diario de Delicias